lunes, 22 de agosto de 2011

La Política ambiental y los recursos forestales en Guatemala




Edwin Rolando García Caal

Guatemala es un territorio ambientalmente privilegiado. Posee una diversidad natural que lo sitúa como uno de los países con mayor endemismo en el continente. Su importancia en materia de biodiversidad es tal, que se encuentra en la tabla de las 25 ecorregiones prioritarias para la conservación, según el diseño de Conservación internacional, citado por Mittermeier, et al (1999).  Al mismo tiempo, el país es uno de los ocho centros mundiales de origen de plantas cultivadas, junto con México y Centro América. Aun así, la riqueza de sus recursos naturales tiene que competir por un espacio que trascienda la importancia que social y económicamente ha ostentado la diversidad cultural con la que también se cuenta.

En efecto, consciente e inconscientemente, la estructura socioeconómica de Guatemala se fundamenta principalmente en el paradigma utilitarista de la naturaleza.  Según el Perfil Ambiental de Guatemala (IARNA/URL-IIA, 2006),  la dinámica del manejo de los recursos naturales en el país se ha caracterizado por una lógica extractiva. Esta lógica ha permitido que las principales acciones y políticas de índole económica intenten beneficiar a la población, pero sin considerar la sobreexplotación, la pérdida, la degradación y el desequilibrio de los ecosistemas naturales terrestres.

Además de reconocer que existe dificultad para administrar los recursos situados sobre el suelo, también se debe aceptar una dificultad mayor, para el manejo de las áreas silvestres acuáticas, por su naturaleza biofísica de bien público. Esta situación se acentúa por la falta de una estrategia nacional en materia de acceso, uso y conservación de ecosistemas acuáticos continentales y costero-marinos. Tales situaciones muestran la debilidad de la política ambiental con visión de futuro y acarrean consigo una latente necesidad por evaluar la efectividad de la misma.

La política ambiental del país, como tal, podría medirse a través de la institucionalización de sus acciones.  Estas acciones han sido encaminadas hacia cuatro dimensiones históricas, primero la implementación de incentivos para la explotación de los recursos, segundo las normativas de regulación, tercero los programas de protección y muy recientemente los proyectos de autogestión.

Aunque las preocupaciones ambientales han sido encaminadas por el contexto internacional y Guatemala ha participado activamente avalando los acuerdos internacionales que tratan el punto del deterioro ambiental, es discutible la aplicabilidad que estas iniciativas han tenido  en el país. Lo que ocurre es que en Guatemala, para que una política ambiental pública se desarrolle adecuadamente, debe contar como requisito importante con una Ley. A partir de la Ley, es necesario que se establezca la estructura organizacional que le de vigor. Esto, aunque lento, se ha hecho. Sin embargo, el talón de Aquiles”del desempeño político, señalado acertadamente por Acquatella (2001), es la solidez de las organizaciones, la disponibilidad de la información,  la credibilidad y la coherencia de las acciones. Aun más, una debilidad de orden superior que afecta el buen desempeño de las políticas ambientales en el país, una vez institucionalizadas, es el financiamiento y sus fuentes. Ocurre que...



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