Edwin Rolando García Caal
En un municipio se censaron 45,000 viviendas
con familias de entre 5 y 3 miembros. Luego de una reunión en el salón comunal,
los representantes de las colonias hablaron de la pobreza en la que se
encontraban las familias, debido a que en cada hogar sólo el hombre trabajaba y
las mujeres no podían hacerlo porque tenían que cuidar a sus hijos menores de 5
años.
Alguien propuso una solución. Que en cada colonia
se buscara una mamá dispuesta a cuidar a los niños de los vecinos a cambio de
un salario. Ese salario lo pagarían el resto de mamás que saldrían a trabajar.
Para que el cuidado de los niños fuera satisfactorio, las mamás que saldrían a
trabajar aportarían una cuota mensual para la mamá cuidadora, de tal forma que
su remuneración fuera “una muy buena remuneración”. Las mamás que salieron a trabajar
obtuvieron trabajos de 3,000 quetzales y entre todas pagaban a la mamá que cuidaba a sus
hijos un salario mensual de 5,000 quetzales, aduciendo que esto estaba fundamentado en la solidaridad.
Al primer mes ya se encontraban en cuidado
comunitario 90,000 niños y el éxito del proyecto permitió llegar al segundo mes
con 100,000 niños en cuidado comunitario.
Con hombres y mujeres trabajando, el municipio
empezó a salir de la pobreza, dejaron de existir casas de lámina, de madera y
de cartón. Las colonias construían casas de block, muchas familias compraron
carro, hasta construyeron casas de segundo nivel. Todos estaban muy felices.
Pero... Las nuevas generaciones de hogares iniciaron a
protestar porque se preguntaban cómo es posible que el salario de las
cuidadoras comunitarias fuera mayor al salario mínimo y aún más, era inaudito
que ganaran más que el salario que ganaban las mujeres que aportaban para dicho salario. El Gobierno recibió las denuncias y convocó a las cuidadoras para conformar una Junta Directiva, que permitiera responder en conjunto a las demandas. El Presidente de esa Junta Directiva sería nombrado por el Gobierno. Por su lado las organizaciones de vecinos de las colonias iniciaron acusaciones ante la organización de cuidadoras, eso en los tribunales de Justicia, para obligar a las
cuidadoras comunitarias a tener certificación de salud, explicaron que al ser un
servicio de Gobierno, las cuidadoras debían garantizar cuidados de calidad para los niños. Tenían que subcontratar
guardias de seguridad privada para cuidar las casas de cuidado comunitario y
también debían presentar estados financieros debidamente auditados para explicar cómo utilizaban los
5,000 quetzales que recibían con los impuestos que aportaban las familias.
El Gobierno, envió comisiones de la Contraloría
General de Cuentas para hacer auditorías a las cuidadoras comunitarias y dijo
que tenían que responder entre todas a través de la Junta Directiva por ser ellos los representantes y debían responder como una sola institución a las demandas de la
población.
Un siguiente presidente del Gobierno, decidió
que siendo las casas de cuidado comunitario una institución pública, estaban
obligadas a recibir a los hijos de los empleados del gobierno que se
encontraban en el municipio vecino y así lo hicieron. Sin embargo, como el
gobierno no está obligado a pagarle a las instituciones de gobierno, el cuidado
de estos niños del municipio vecino sería gratuito. Es decir que el Gobierno no
daría ninguna aportación a las casas de cuidado comunitario.
Debido a que la cantidad de niños a cuidar era
demasiada, las mujeres encargadas de las casas comunitarias salieron a buscar
trabajo y con su salario completaban los gastos que era necesario hacer para
pagar el guardia de seguridad y comprar los insumos para mantener las normas
ISO 9,000 que debían garantizar según los requerimientos de la población.
Muchas familias están inconformes con la
calidad de los cuidados que los niños reciben y han decidido demandar a las
casas de cuidado comunitario ya que están pagando por el servicio, no es algo
regalado y por lo tanto, quieren recibir un servicio de calidad. Quienes más demandas están planteando son los trabajadores del Gobierno quienes exigen calidad a cambio de sus impuestos.
Los trabajadores del gobierno, al ver que es muy oneroso poner denuncias con el
auxilio de un abogado, han acudido a la Procuraduría de los Derechos Humanos y
son los Delegados de Derechos Humanos los que están visitando los hogares comunitarios y
exigiendo servicios de calidad, ya que según explican, ese es el servicio que las
familias están pagando y el Gobierno debe garantizar los derechos de los
ciudadanos. Señalan que los hogares comunitarios son un derecho social.
La Junta Directiva de las casas de cuidado
comunitario ha sacado un pronunciamiento, señalando que los 5,000 que reciben
de salario no es suficiente y por lo tanto, solicitan que la población pague más.
En respuesta conjunta, los hogares, el procurador de derechos humanos, los jueces y los
ministros de Gobierno se han dado a la tarea de vociferar que primero se mejore
la calidad de la atención, que primero se amplíe el espacio en donde los niños
puedan jugar dentro de las casas de cuidado comunitario y después se hable de
pedir más dinero, pero que consideran un mal uso de los recursos, proponiendo algunos
que mejor se privatice el servicio y que sean las empresas privadas las que se
hagan cargo, ya que estas entidades garantizan una mejor calidad de la atención.
Para
minimizar la mala calidad de la atención, algunos jueces han puesto
amparos en favor de una empresa que vende los pañales desechables más caros y
con esto están obligando a las casas de cuidado comunitario a comprar sólo de
esos pañales. Desobedecerlos se pagaría con prisión.
Planteamientos a resolver
