Retos de la planificación en la administración pública

 

Autor: Edwin Rolando García Caal

30 de julio de 2024

Introducción

En América Latina la práctica de la planificación en la administración pública tiene un enfoque normativo. Así fue impulsado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y por el Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES) entre 1954 y 1963. (López, 2005, pág. 18) Para normar la planificación, se proponen los objetivos o fines institucionales y se establece la obligación legal de ir tras ellos. El error de este enfoque es que no permite mejorar la planificación en sí misma de una manera dinámica. (López, 2005, pág. 38) La gestión innovadora que se exige en la actualidad a las instituciones de gobierno enfrenta su principal desafío en lo difícil que resulta modificar las leyes que rigen la administración pública.

Cuando se pretende darle un giro al enfoque de la planificación en la administración pública se hace necesario cambiar las normas, establecer la obligación de uso del nuevo enfoque y establecer quiénes serán los responsables de verificar su cumplimiento. Cuando esto no es posible o por lo menos no es viable en el corto plazo, la planificación se orienta desde una Política General de Gobierno, pero dicha estrategia plantea problemas operativos. (SEGEPLAN, 2020) A esta conclusión llegan varios autores, cuando plantean que los enfoques de planificación no se ejecutan de manera tan sistemática y formal como se contemplan en sus desarrollos teóricos, por lo general, en las prácticas concretas coexisten elementos de distintos enfoques; por lo tanto, existen muchas diferencias entre el plano teórico y el operativo. (López, 2005, pág. 19)

Otras veces, la planificación en la administración pública es dirigida por fines supranacionales desde entidades que tienen cierto grado de poder sobre las decisiones públicas de los países. Tal es el caso del Consenso de Washington, que orientó la planificación de muchos países en la década de los ’80. (Castañeda & Díaz-Bautista, 2017) Otras orientaciones de la acción pública han sido dirigidas por la OMS, la OPS y recientemente las Naciones Unidas orientan hacia el cumplimiento de los ODS. (ONU, 2018)

Ahora bien, es posible establecer que el problema de la planificación no está dado en los fines que se persiguen en la administración pública, según lo dicta el mandato constitucional o un acuerdo internacional. El problema de la planificación está en la selección de los medios que permitan, en una realidad concreta, llevar a la práctica las acciones del gobierno (López, 2005, pág. 20) sobre todo, si el resultado no se percibe sino hasta el mediano o largo plazo, en un equilibrio dinámico que cambia de resultado conforme pasa el tiempo. Se agrava más el problema de la planificación cuando la administración pública está constituida por diferentes sectores que se intersecan en puntos coincidentes de intervención con diferentes tipos de recursos; o los beneficios de unos sectores actúan en detrimento de los beneficios de sectores paralelos.

Mientras tanto, a la par de la planificación en la administración pública, las corporaciones de mercado avanzan en la planificación bajo un método denominado “gobierno corporativo”, en donde la visión de la planificación no está orientada a un problema, sino al comportamiento organizacional que conduzca a mejores prácticas en los procesos de producción. Es decir que consideran que las cosas se están haciendo bien, pero pueden hacerse mejor (López, 2005, pág. 18) Este método de planificación responde a tres preguntas guía ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué queremos alcanzar? ¿Qué debemos hacer? (López, 2005, pág. 65) Estos avances en el sector privado han dado pie a pensar que en la administración pública es posible abordar la planificación no solamente orientados en fines y objetivos, sino también en un ámbito metodológico moderno.

Es por eso que en épocas recientes surgió un nuevo método en planificación pública, fundamentado en el análisis racional para un mundo problemático. (López, 2005, pág. 18) El nombre del método es Gestión por resultados, que parte de un modelo conceptual de los problemas y sus posibles soluciones, con el fin de poder establecer intervenciones específicas por parte de las instituciones de la administración pública. Este modelo se implementó en Guatemala a partir del año 2013. La obligación de implementar este nuevo método, en el caso de la administración pública en Guatemala, se fundamentó en el Decreto Número 101-97, que en el artículo 8 señala al Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría General de Planificación de la Presidencia como los obligados a garantizar la vinculación plan-presupuesto. (CRG, 1997)

A pesar del esfuerzo que se ha aplicado, existe en la actualidad una agregación heterogénea de planes, los cuales carecen de sentido global. (López, 2005, pág. 56) La debilidad de la planificación, tal y como se concibe en la actualidad, estriba en que los indicadores que son requeridos para la explicación situacional y para la evaluación del nivel de logro no pueden ser calculados con la velocidad que requiere un eficiente sistema de seguimiento y control de la gestión. (López, 2005, pág. 56) El Instituto Nacional de Estadística señala falta de presupuesto para acelerar la actualización de los indicadores y el Monitoreo de la declaración de París se queja de la poca importancia que se le asigna a la planificación en la administración pública. (Survey, 2008)

A pesar de que en Guatemala se implementó la gestión por resultados desde ya más de una década, a la fecha no existe una investigación exhaustiva de los problemas que se abordan en los planes, por lo que no es posible fortalecer la gestión a partir de los diseños teóricos-conceptuales de la planificación que forman parte obligatoria del método. Por otro lado, se intenta planificar en la solución de problemas, pero se ignoran los principales problemas que el país afronta, tales como la desigual distribución de la riqueza, los problemas territoriales y culturales, la errónea forma de implantar impuestos y subsidios, la ineficiencia organizativa de la administración pública como efecto de la intervención política partidista en la conformación del recurso humano en las instituciones públicas, etc. Por tal razón, la importancia de la planificación ha sido relegada a lo operativo.

Por otro lado se ha realizado un esfuerzo enorme en articular las acciones entre instituciones públicas pero se ha trabajado poco en una alineación hacia el interior de la organización, para garantizar la correspondencia entre recursos humanos y fines institucionales. (López, 2005, pág. 46) Esto quiere decir que a los elementos externos, es necesario agregar que la administración pública también tiene que lidiar con recursos que son internos y en interacción con sus fortalezas y debilidades características de cada organización. (López, 2005, pág. 20) Esto, aunado a la incertidumbre política que no permite tener claro el escenario y los actores que implementarán lo planificado, obliga a hablar de futuros posibles, o afirmar que los avances en la planificación se enfocan en lo procedimental sobre cómo hacer planes y no en la forma de lograr efectividad en el cumplimiento de los planes, lo que enmarca su verdadera importancia.

La planificación en la administración pública

El “sueño del buen gobierno” sigue estando vigente y en un régimen efectivamente democrático, siempre debería estar presente. (Sánchez, 2003, pág. 15) Los ciudadanos esperan que en la gestión pública exista orden y un rumbo definido; que en las instituciones de gobierno existan buenos gestores y que se alcancen los resultados esperados. Sin embargo, cómo puede ser esto posible si desde el año 1996 el Gobierno de Guatemala orientó dentro de sus políticas de modernización del Estado, leyes para la “descentralización”, requerimiento planteado en la 54 sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. (García, Manual de planificación para el sector público, 2005, pág. 4) Esto representa para el país decisiones independientes en 340 gobiernos municipales, 14 ministerios, 18 secretarías y otro número significativo de entidades autónomas, descentralizadas y de empresas públicas.

Los metodólogos señalan que la planificación en el sector público debe ser un proceso continuo y dinámico, no un ejercicio anual. Indican también que debe ser un proceso de toma de decisiones amparado, no solo una acción independiente de los cuerpos técnicos de las instituciones o un mecanismo para distribuir los ingresos asignados del erario público (García, Manual de planificación para el sector público, 2005, pág. 3). Para algunos autores, planificar también implica hacer pactos, en donde se negocian perspectivas que permitirán constituir un capital social futuro de convivencia y cooperativo entre empresarios, trabajadores, ciudadanos y gobierno. (López, 2005, pág. 83)

García (2005) indica que un enfoque de planificación apropiado debe permitir a las instituciones públicas adaptarse a las innovaciones tecnológicas permanentes o a los constantes cambios en la Gerencia o en la jefatura de los departamentos tras el cambio del poder político. Es decir que, uno de los beneficios de la planificación es permitir a las instituciones públicas responder de manera casi inmediata a los cambios en el ambiente de las organizaciones. (pág. 45) Eso significa mantener el rumbo a pesar de una alta tasa de rotación de personal, o el ingreso de nuevas instituciones no gubernamentales o la inclusión de las municipalidades al rol de las instituciones públicas tradicionales o a la delegación de nuevos roles por la vía legislativa.

Sánchez (2003) complementa esta afirmación señalando que los fines nacionales se renuevan constantemente. La imagen objetivo de una nación siempre es variable y relativa en el tiempo histórico. Depende de las transformaciones sociales, económicas y tecnológicas y de cómo se configure la forma de ejercicio de los poderos públicos y de la relación entre éstos y de sus interacciones con los ciudadanos y sus organizaciones. (pág. 17) Pero no se evalúan los fines, a pesar de los avances en la planificación en los últimos años, la evaluación ha estado concentrada en el “debido proceso” más que en el resultado y los logros efectivos que motivaron a planificar las intervenciones. Con esto se cae en el juego de la ambigüedad, a pesar que la planificación permite materializar las ambiguas orientaciones políticas de los planes de gobierno.

Sulbrandt (1989) definió que una táctica para definir los fines en el ámbito de la política es la ambigüedad. “Mientras más ambiguas sean las metas, mayor es la probabilidad de que grupos de oposición política no bloqueen la propuesta” (pág. 7) Eso no se puede cambiar, sin embargo, hacia el interior de la institución y con miras a la rendición de cuentas, esa ambigüedad debe convertirse en acciones medibles y comunicables, lo que se vuelve importante si se pretende la aprobación social. Otro elemento importante planteado por García (2005) indica que la planificación permite transformar la división y fragmentación pública, con sus consecuentes dinámicas de conflicto y consenso, en un acercamiento descentralizado del gobierno al ciudadano. (pág. 7)

La planificación no debe confundirse con la máquina productora de milagros; en cambio, es capaz de conciliar las turbulencias internas y externas que están siempre presentes en las instituciones públicas, con el fin de asegurar la implementación exitosa de sus fines, con una visión de largo plazo y una actuación de corto y mediano plazo. Donolo (1994), señala que para que los ciudadanos puedan controlar la política, a las autoridades y a los funcionarios, el proyecto de nación en la constitución política, debe convertirse en un plan, que precise lo más detalladamente posible, qué queremos ser, a dónde queremos llegar y cómo vamos a llegar. La planificación, entonces, se constituye en un instrumento para dar coherencia a los diversos actos de gobierno, configurados en las razones de interés público. La única y exclusiva razón de la planificación es la de pensar antes de actuar. (Sánchez, 2003, pág. 16)

Pero es necesario asignarle mayor importancia a la planificación. Un elemento necesario para asignarle esta importancia es la señalada por Sánchez (2003), cuando explica que el norte de todo sistema de planificación debe ser el logro de la máxima eficiencia para los ciudadanos, en todas las dimensiones de la persona humana: como ciudadano que eligió a los gobernantes y exige resultados; como consumidor que debe satisfacer sus necesidades individuales y como contribuyente, que se despoja de sus recursos financieros individuales u organizacionales, al pagar impuestos, para financiar la provisión de bienes y servicios públicos y por tanto, tiene el derecho de exigir que sean bien asignados, bien utilizados y que le produzcan un beneficio concreto a la sociedad. (pág. 20) En ese sentido, la planificación permite una mejor rendición de cuentas y una calificación exitosa de la gestión pública.

La Constitución Política de la República de Guatemala asigna a la administración pública 6 funciones esenciales que deben estar legitimadas en la planificación y sin embargo, la práctica institucional de planificación ha olvidado algunas de estas asignaciones o las ha variado en alguna medida, desviando el actuar del gobierno hacia fines que no le son propios y que tergiversan su razón de ser.

La primera función a planificar es la organización gubernamental. La planificación en la administración pública no debe alejarse de sus funciones de organización gubernamental, ya que si únicamente se piensa en el beneficio del ciudadano, aparecen demandas de los propios funcionarios públicos alegando retrasos en el pago de sus salarios, tal como se reportó en los primeros meses del año 2022 en los Ministerio de Educación y de Salud. (Ponce, 2022)

La segunda función que debe ser planificada es la de financiación. La administración pública debe hacer posible el equilibrio de los ingresos y los gastos, de esa cuenta es necesario que en la planificación también se determinen las intervenciones que es necesario realizar para el establecimiento de impuestos en función de una imagen objetivo o una finalidad clara, que en este caso puede ser reducir el endeudamiento, incrementar los ingresos o reducir el gasto. (García, 2018, pág. 9)

La tercera función necesaria en la planificación de la administración pública es la provisión de bienes y servicios públicos. En este caso debe tenerse clara la finalidad de esta provisión. Esta provisión debe hacerse sin discriminación, por lo tanto, deben ser bienes y servicios con la característica de bienes públicos es decir sin la rivalidad de que si se da a una población no se da a otra, por ejemplo, agua, aire puro, bosques, ríos, playas y bienes de capital (puentes, carreteras, edificios públicos, parques, zonas biológicas protegidas, etc.), seguridad ciudadana, protección de la propiedad privada, certificaciones de nacimiento, entre otros. (García, 2018, pág. 9)

La cuarta función necesaria en la planificación de la administración pública es la función de redistribución del ingreso.  Es decir que se deben planificar las actividades del Estado dirigidas a modificar la distribución de la renta o de la riqueza que resultan de la actividad económica, esto no se hace regalando dinero, sino garantizando una adecuada remuneración de los factores de producción, por ejemplo con una ley del salario mínimo y la supervisión y fiscalización respectiva, o a través de servicios subsidiados como la enseñanza gratuita, siempre que no provoque discriminación. (García, 2018, pág. 10)

La quinta función que debe formar parte de la planificación en la administración pública es la función de regulación. El estado no solo está obligado a dar sino que también tiene la función de exigir el cumplimiento de las leyes y disposiciones administrativas, que los ciudadanos respeten los semáforos en rojo, que no contaminen, la necesaria regulación de la actividad económica; planificación que también debe incluir las acciones que castiguen el incumplimiento. (García, 2018, pág. 11)

La sexta función que debe ser fundamental en la planificación en la administración pública es la función estabilizadora. Es necesario planificar la forma de impedir las fluctuaciones perjudiciales en el desempleo, el analfabetismo, la pobreza, la inseguridad alimentaria, plagas, balanza de pagos, etc. En este espacio es en donde se encuentran la mayoría de problemas que se intentan resolver en la gestión por resultados, pero debe tomarse en cuenta que esta función es una de otras cinco funciones también importantes para el buen desempeño público. (García, 2018, pág. 11)

Peter Drucker (1954) indica que los beneficios de la planificación en las instituciones públicas son mayores, al analizarla en un contexto más amplio. Indica que los beneficios superan el proceso de evaluación, ya que incluye la mayor parte de los principios de administración más importantes y generalmente aceptados, lo que tiene que ver con la calidad, la misión, la visión y los objetivos estratégicos y operacionales. Permite sistematizar las experiencias internas de gestión, permite tener una visión de futuro, permite elevar cualitativamente el rendimiento respecto de las razones de interés público y justificar la existencia de la organización a la vez que fomenta una cultura institucional. (Sánchez, 2003, pág. 40)

Con lo escrito, es posible recordar lo que el ILPES planteó en el documento: Los fundamentos de la planificación del desarrollo en América Latina y el Caribe (2012, pág. 25) “Los aspectos positivos de la planificación no están desde luego cubiertos totalmente”. Esto refiere que es necesario ahondar en la calidad de los expertos planificadores y por otra parte, en la técnica de planificación, del desarrollo estadístico y de la extensión y profundidad de los diagnósticos. Sin embargo, los procesos se han refinado y aunque son perfectibles en muchos aspectos, por otra parte, han logrado solucionar muchos problemas en distintos países. Hay experiencia en planificación en la administración pública, hay una masa de información sobre lo que funciona y no funciona, lo cual debe someterse a un proceso de revisión y depuración, y por supuesto debe complementarse con investigaciones especiales.

Todos estos avances, muestran que sigue vigente la importancia de la planificación en la administración pública, a tal grado que ahora motivan la creación de sistemas de planificación al interior y entre países. El objetivo debe ser más global. Al reconocer su importancia se podría buscar la vinculación de los planes en forma más directa con las decisiones económicas y sociales y concretar el fruto de esta labor no solo en la colaboración para elaborar planes, sino en la creación de algunos órganos y mecanismos que hagan más fácil llevarlos a la práctica, en beneficio social, sectorial y nacional. (ILPES, 2012, pág. 27)

Conclusiones

Existen pocos estudios de las prácticas informales de la planificación, mientras tanto, se continúan teorizando las prácticas formales establecidas en la legislación.

Lo común en la planificación que se desarrolla en la administración pública es encontrar efectos contradictorios en la asignación de los recursos, aplicación de medidas descoordinadas y planes que se enfocan en la ejecución del presupuesto sin una apropiada búsqueda de la eficiencia y la eficacia de la gestión de recursos escasos.

Existe una desarticulación histórica entre el plan y el presupuesto. Lo que señala que hay cosas que se planifican y se ejecutan independientemente de la asignación de recursos y hay cosas que dependen directamente de una asignación de recursos en función de los fines del Estado pero que no aparecen dentro del presupuesto público.

Hay planes que se realizan sin una adecuada evaluación de la viabilidad política, económica, institucional y temporal, lo que evita su coherencia y factibilidad estratégica.

El análisis de la importancia de la planificación en la administración pública ha permitido identificar que hay planes que fallan simplemente porque no fueron apropiadamente comunicados a las partes; asimismo hay cosas que se están haciendo bien, pero no se planifica hacerlas mejor. Mientras tanto, la mayoría de planes pierden funcionalidad desde su inicio porque no fueron transferidos adecuadamente a las fuerzas operativas de la institución pública.

Otro elemento concluyente es que la evaluación no es la última fase de la planificación, sí lo es la realimentación y el aprendizaje a partir de las experiencias.

Finalmente, es importante reafirmar que hay error en tratar de simplificar la acción social que es compleja y que pertenece a un todo cohesionado. En ese sentido al simplificar las causas y los efectos de intervención se rompe la coherencia y se crea un conflicto interno que anula los efectos positivos de la planificación.

 

Recomendaciones

Orientar los procesos de planificación hacia un enfoque prospectivo, que permita visualizar un futuro diferente, y en esa medida, alejar el pensamiento de la administración pública de una sociedad problematizada eternamente.

Al intentar resolver problemas a través de la planificación no se deben perder de vista cuáles son las funciones que le corresponden al Estado y deben ser planificadas por la administración pública, en función de lo que establece la Constitución Política de la República de Guatemala sin perder la esencia económica del Estado.

El proceso de planificación de la administración pública debe fundamentarse en los principios económicos: recursos limitados para necesidades ilimitadas.

Coordinación interinstitucional en el uso de instrumentos de asignación de recursos, técnicas de planeación y estrategias de intervención

La planificación debe incluir la optimización de la estructura administrativa, para que los resultados se fundamenten no solo en la estrategia de intervención sino en la eficiencia de los servidores públicos contratados en cada entidad

La planificación debe asignar una buena parte del esfuerzo en establecer la forma eficiente de medir los resultados, a través de un proceso de evaluación planificado.

La planificación no debe ser una sola, integrada en la alta dirección, debe constituirse en un ciclo que se abre y cierra en cada uno de los niveles de la organización: operativo, táctico y corporativo.

La planificación debería permitir también una modernización en las estructuras de la administración pública.

 

Bibliografía

Castañeda, V., & Díaz-Bautista, O. (enero-junio de 2017). El consenso de Washington: algunas implicaciones para América Latina. Apuntes del CENES, 36(63), 15-41.

CRG. (1997). Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Número 101-97 y su Reglamento. Guatemala: Congreso de la Repúglica de Guatemala.

Donolo, C. (1994). El sueño del buen gobierno, apología del régimen democrático. Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión.

García, E. (2005). Manual de planificación para el sector público. Guatemala: ICIAAD. Obtenido de https://www.yumpu.com/es/document/view/13460519/garcia-e-2005-manual-de-planificacion-iciaad

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López, J. (2005). Planificación y gestión pública: formulaciones, exploraciones y experimentaciones desde la teoría y el método. Caracas: Cendes, UCV. Obtenido de http://biblioteca.clacso.edu.ar/Venezuela/cendes-ucv/20161228044145/pdf_1411.pdf

ONU. (2018). Marco de indicadores mundiales para los Objetivos de Desarrollo Sostenible y metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Naciones Unidas. Santiago: Naciones Unidas. Obtenido de https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40155/24/S1801141_es.pdf

Ponce, E. (22 de marzo de 2022). Prensa Comunitaria. Obtenido de Petén: Maestros por contrato se manifiestan frente a Dirección Departamental de Educación por salarios atrasados: https://www.prensacomunitaria.org/2022/03/peten-maestros-por-contrato-se-manifiestan-frente-a-direccion-departamental-de-educacion-por-salarios-atrasados/

Sánchez, F. (2003). Planificación estratégica y gestión pública por objetivos (Impresa ed.). (CEPAL, Ed.) Santiago de Chile: ILPES.

SEGEPLAN. (2020). Política General de Gobierno 2020-2024. Guatemala: SEGEPLAN. Obtenido de www.segeplan.gob.gt

Sulbrandt, J. (1989). Evaluación de políticas y programas sociales masivos en el sector público. (B. Kliksberg, Ed.) ¿Cómo enfrentar la pobreza?, 147-180.

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Investigación estadística: análisis descriptivo y su relación con el análisis exploratorio de datos

Edwin Rolando García Caal

El análisis exploratorio de datos tiene como objetivo entender de forma preliminar las características de las variables que se estudian en una investigación estadística. El proceso implica evaluar la calidad de los datos y entender lo que explican. Evaluar la calidad de los datos refiere el cumplimiento de condiciones señaladas como premisas estadísticas y la identificación de posibles errores, tales como ausencia de datos, datos incorrectos, codificación errónea, presencia de datos atípicos y relaciones no esperadas entre los datos (redundancia). Las técnicas que cumplen este objetivo son el examen numérico y de representación gráfica, resúmenes de los aspectos significativos, indagar relaciones entre las variables, medición del grado de relación, descubrir valores predeterminados, establecer una estructura compacta de la data, elaboración de listas, estructuras, subestructuras y anidación.

Entre los aspectos significativos a investigar están el número total de observaciones, el conjunto total de los datos, el número total de variables, el rango temporal que ofrecen. La representación gráfica puede hacerse utilizando histogramas, gráficos de líneas, gráficos de barras, gráficos de sectores, gráficos combinados, entre otros. El objetivo de graficar es poder establecer el comportamiento de la distribución de los datos. Al graficar los datos es posible establecer sesgos, tendencias, aspectos de normalidad y la distancia de los valores a los extremos 0-100.

Las herramientas que sirven a este propósito pueden ser el lenguaje de programación R, eviews, estata, statistic, spss, epidat, Infostat, entre otros.

Los pasos recomendados para hacer el análisis exploratorio son:

· El análisis de recogida, que incluye el ajuste de los tipos de variables, la detección y el tratamiento de datos ausentes, la identificación de datos atípicos y la medición de los grados de correlación entre las variables.

· El ajuste de los tipos de variables, que surge al verificar que cada variable esté almacenada con el tipo de valor que le corresponde, por ejemplo, los valores cualitativos en variables cualitativas y los valores numéricos representados en números. Esto significa diferenciar adecuadamente números, caracteres, categorías, variables lógicas y variables de intervalo temporal.

· La detección de datos ausentes, que incluye datos perdidos, celdas vacías y clasificaciones NA. Estos en la mayoría de casos son errores de la recogida de datos y otros en la transcripción. Si los datos ausentes tienen un porcentaje superior al 50% se catalogan como ausencias significativas y por lo tanto, a partir de esta anomalía es necesario repensar la utilización de los datos.

· El tratamiento de datos ausentes, que incluye rellenar los valores ausentes con la media, la mediana o el valor más frecuente de cada variable. Completar los valores que faltan con el valor que esté directamente antes o después de la fila o columna del registro. Completar todos los datos faltantes con cero, si se trata de valores numéricos, aunque este proceso es poco aconsejable por el impacto que tiene sobre los parámetros estadísticos. Eliminar toda la información de filas con valores ausentes, siempre que dicha eliminación no afecte significativamente la cantidad total de los datos y finalmente, de forma abrupta analizar el contexto para rehacer la recogida de datos. El respecto es importante considerar si los datos ausentes pueden modificar los resultados del futuro análisis o introducir algún tipo de sesgo.

· La identificación de datos atípicos, que incluye considerar los valores anómalos a partir de rangos o magnitudes preestablecidas. Estos valores pueden afectar los resultados, por lo tanto, lo recomendable es reducir su influencia en los análisis. Hay que tomar en cuenta que eliminar los datos atípicos no es la solución, a menos que efectivamente se identifique que fue un error. Sustituirlos por la media o la mediana tampoco es recomendable. Esto puede afectar tanto la distribución de las variables como los resultados futuros, introducir sesgos o bien afectar a las varianzas o a las variables de interés. Para verificar estos extremos es necesario realizar los análisis con y sin valores atípicos. Si el efecto es mínimo entonces se justifica su eliminación. Si es sustancial entonces no deberían ser ignorados sin justificación. Cada decisión que se tome debe ser documentada para que los analistas comprendan las posibles transformaciones efectuadas. Los gráficos de cajas y bigotes aportan una representación visual de los datos atípicos.

· Medir la correlación de variables, que incluye determinar la relación lineal, la fuerza y la dirección de la relación entre variables. La correlación positiva o inversa no necesariamente puede identificar una relación causa-efecto, ya que puede tratarse de una correlación ficticia entre variables independientes. Una correlación fuerte puede inducir a establecer una redundancia de información, lo que se soluciona eliminando una de las variables. La técnica que permite esta acción es el análisis de componentes principales.

El análisis exploratorio debe ser una acción previa al análisis descriptivo, ya que este segundo, implica establecer indicadores a través de medias, razones, promedios y proporciones que permitan dar una explicación a los hechos y en consecuencia permitir la búsqueda de soluciones. El análisis descriptivo permite describir las características de los datos y sus tendencias y a partir de esta información hacer extrapolaciones o conclusiones que es posible aplicar al resto de individuos que no se consideraron en la muestra. Dar una explicación de un fenómeno observado obliga a disponer de una herramienta rigurosa que permita garantizar la calidad de las conclusiones y eliminar en gran medida la subjetividad del observador. El análisis estadístico incluye el cálculo de las medidas de tendencia central (media aritmética, mediana, moda y media geométrica), las medidas de dispersión (varianza, desviación típica, coeficiente de variación, recorrido, recorrido intercuartílico, cuantiles, coeficiente de asimetría, curtosis, correlación).

Estudio de caso: los hogares comunitarios del municipio XY

                                                                                                      Edwin Rolando García Caal

En un municipio se censaron 45,000 viviendas con familias de entre 5 y 3 miembros. Luego de una reunión en el salón comunal, los representantes de las colonias hablaron de la pobreza en la que se encontraban las familias, debido a que en cada hogar sólo el hombre trabajaba y las mujeres no podían hacerlo porque tenían que cuidar a sus hijos menores de 5 años.

Alguien propuso una solución. Que en cada colonia se buscara una mamá dispuesta a cuidar a los niños de los vecinos a cambio de un salario. Ese salario lo pagarían el resto de mamás que saldrían a trabajar. Para que el cuidado de los niños fuera satisfactorio, las mamás que saldrían a trabajar aportarían una cuota mensual para la mamá cuidadora, de tal forma que su remuneración fuera “una muy buena remuneración”. Las mamás que salieron a trabajar obtuvieron trabajos de 3,000 quetzales y entre todas pagaban a la mamá que cuidaba a sus hijos  un salario mensual de 5,000 quetzales, aduciendo que esto estaba fundamentado en la solidaridad.

Al primer mes ya se encontraban en cuidado comunitario 90,000 niños y el éxito del proyecto permitió llegar al segundo mes con 100,000 niños en cuidado comunitario.

Con hombres y mujeres trabajando, el municipio empezó a salir de la pobreza, dejaron de existir casas de lámina, de madera y de cartón. Las colonias construían casas de block, muchas familias compraron carro, hasta construyeron casas de segundo nivel. Todos estaban muy felices.

Pero... Las nuevas generaciones de hogares iniciaron a protestar porque se preguntaban cómo es posible que el salario de las cuidadoras comunitarias fuera mayor al salario mínimo y aún más, era inaudito que ganaran más que el salario que ganaban las mujeres que aportaban para dicho salario. El Gobierno recibió las denuncias y convocó a las cuidadoras para conformar una Junta Directiva, que permitiera responder en conjunto a las demandas. El Presidente de esa Junta Directiva sería nombrado por el Gobierno. Por su lado las organizaciones de vecinos de las colonias iniciaron acusaciones ante la organización de cuidadoras, eso en los tribunales de Justicia, para obligar a las cuidadoras comunitarias a tener certificación de salud, explicaron que al ser un servicio de Gobierno, las cuidadoras debían garantizar cuidados de calidad para los niños. Tenían que subcontratar guardias de seguridad privada para cuidar las casas de cuidado comunitario y también debían presentar estados financieros debidamente auditados para explicar cómo utilizaban los 5,000 quetzales que recibían con los impuestos que aportaban las familias.

El Gobierno, envió comisiones de la Contraloría General de Cuentas para hacer auditorías a las cuidadoras comunitarias y dijo que tenían que responder entre todas a través de la Junta Directiva por ser ellos los representantes y debían responder como una sola institución a las demandas de la población.

Un siguiente presidente del Gobierno, decidió que siendo las casas de cuidado comunitario una institución pública, estaban obligadas a recibir a los hijos de los empleados del gobierno que se encontraban en el municipio vecino y así lo hicieron. Sin embargo, como el gobierno no está obligado a pagarle a las instituciones de gobierno, el cuidado de estos niños del municipio vecino sería gratuito. Es decir que el Gobierno no daría ninguna aportación a las casas de cuidado comunitario.

Debido a que la cantidad de niños a cuidar era demasiada, las mujeres encargadas de las casas comunitarias salieron a buscar trabajo y con su salario completaban los gastos que era necesario hacer para pagar el guardia de seguridad y comprar los insumos para mantener las normas ISO 9,000 que debían garantizar según los requerimientos de la población.

Muchas familias están inconformes con la calidad de los cuidados que los niños reciben y han decidido demandar a las casas de cuidado comunitario ya que están pagando por el servicio, no es algo regalado y por lo tanto, quieren recibir un servicio de calidad. Quienes más demandas están planteando son los trabajadores del Gobierno quienes exigen calidad a cambio de sus impuestos.

Los trabajadores del gobierno, al ver que es muy oneroso poner denuncias con el auxilio de un abogado, han acudido a la Procuraduría de los Derechos Humanos y son los Delegados de Derechos Humanos los que están visitando los hogares comunitarios y exigiendo servicios de calidad, ya que según explican, ese es el servicio que las familias están pagando y el Gobierno debe garantizar los derechos de los ciudadanos. Señalan que los hogares comunitarios son un derecho social.

La Junta Directiva de las casas de cuidado comunitario ha sacado un pronunciamiento, señalando que los 5,000 que reciben de salario no es suficiente y por lo tanto, solicitan que la población pague más. En respuesta conjunta, los hogares, el procurador de derechos humanos, los jueces y los ministros de Gobierno se han dado a la tarea de vociferar que primero se mejore la calidad de la atención, que primero se amplíe el espacio en donde los niños puedan jugar dentro de las casas de cuidado comunitario y después se hable de pedir más dinero, pero que consideran un mal uso de los recursos, proponiendo algunos que mejor se privatice el servicio y que sean las empresas privadas las que se hagan cargo, ya que estas entidades garantizan una mejor calidad de la atención.

Para  minimizar la mala calidad de la atención, algunos jueces han puesto amparos en favor de una empresa que vende los pañales desechables más caros y con esto están obligando a las casas de cuidado comunitario a comprar sólo de esos pañales. Desobedecerlos se pagaría con prisión.

Planteamientos a resolver

¿Cuáles serían por lo menos 5 propuestas que permitan poner fin a los problemas de las casas de cuidado comunitario en el municipio XY?

Macroeconomía de la pandemia SARS-COV-2

Guatemala entre los años 2020 y 2021

Dr. Edwin Rolando García Caal[1]

Resumen

Los índices de desempeño productivo en el primer semestre del 2020 tienen resultados negativos a nivel mundial como efecto del SARS-COV-2 y Guatemala, como país en vías de desarrollo, debe reflexionar de manera más seria sobre los impactos que las medidas gubernamentales implementadas para contener la pandemia han tenido sobre la economía nacional. Lo que se espera en el año 2021 son demandas sociales simultáneas, con una reducida capacidad de respuesta del Estado y de la Economía, pero con influencia de las decisiones económicas que se tomen en los países proveedores de materias primas para las empresas nacionales y las que también se tomen en los países de destino de las exportaciones. Las variables que se  deben considerar en las propuestas de reactivación económica deben considerar el empleo hispano en Estados Unidos, los índices de desarrollo humano, los sectores económicos que sufrieron contracción, los fondos de pensiones como función macroeconómica, la estructura del empleo formal, los índices de pobreza general  y pobreza extrema que harán bajar el consumo autónomo, la deuda externa incrementada,  el incremento de la migración, entre otras. No obstante, es importante evitar el error de creer que la economía estaba bien antes de la pandemia.

Palabras clave: Covid-19, economía, macroeconomía, crisis económica, impacto económico, SARS-COV-2

Abstract

The productive performance indicators in the first semester of 2020 have negative results worldwide as an effect of the SARS-COV-2 and Guatemala, as a developing country, should analyze more seriously on the impacts that the government measures implemented to containing the pandemic have had on the national economy. What is expected in 2021 are simultaneous social demands, with a reduced response capacity of the State and the Economy, but with the influence of the economic decisions made in the countries that supply raw materials for national companies and those that they are also taken in countries of destination of the exports. The variables that should be considered in the proposals for economic reactivation should consider Hispanic employment in the United States, human development indices, economic sectors that suffered contraction, pension funds as a macroeconomic function, the structure of formal employment, indices of general poverty and extreme that will reduce autonomous consumption, increased external debt, and increased migration, among others. However, it is important to avoid the mistake of believing that the economy was fine before the pandemic.

Keywords: Covid-19, economy, macroeconomics, economic crisis, economic impact, SARS-COV-2

Introducción

Las acciones que los gobiernos de los países del mundo han implementado para hacerle frente a la pandemia del Covid-19, han llevado a sus economías a resultados negativos en la mayoría de los índices de desempeño productivo en lo que va del año 2020. Estos comportamientos explican una caída de la economía global de un -4.9%, según la más reciente evaluación del Fondo Monetario Internacional (4 de julio de 2020). Lo anterior hace prever una caída también en las transferencias monetarias de apoyo de la mesa de cooperantes, cuya capacidad no estaba preparada para atender demandas simultáneas de ayuda a nivel de todos los países del planeta. Esto provocará una reducción de la capacidad de atención de las Instituciones Sin Fines de Lucro que apalancan en buena medida las débiles capacidades instaladas de las instituciones de gobierno, incluido el gobierno guatemalteco.

Para el análisis nacional, es de considerar que el desempleo hispano en Estados Unidos impacta el consumo mensual de los hogares guatemaltecos y un solo mes de desempleo que afecte el comportamiento de las remesas provenientes de Estados Unidos, representa para el país modificaciones negativas en sus índices de desarrollo humano, específicamente los relacionados con la nutrición.

Este punto es importante, porque si se observa la historia reciente de Estados Unidos, la crisis del 2008-2009 causó una tasa de desempleo menor a la actual, en enero del 2010 el desempleo hispano alcanzó un 9.9% lo que se consideraba el mayor desempleo de la década. Sin embargo, por efecto del Covid-19, el desempleo hispano en Estados Unidos ha sido impactado un 18.9% en abril, 13.3% en mayo y 11.1% en junio.

Al hacer referencias específicas, según focos de interés, se reporta que Estados Unidos refleja una contracción del crecimiento de su producto interno bruto de -8%, la Unión Europea se retrajo en -10.2%; América Latina y El Caribe lo hizo en  -9.4% y en el oriente medio y Asia central, con un menor impacto, se señala una contracción de -4.7% en el crecimiento del año 2020.

En Guatemala de los 5 sectores económicos principales sólo tres sufrieron una contracción por causa del Covid-19 en el primer semestre del año. El comercio se impactó en un -8%, las actividades inmobiliarias un -6% y las industrias un -3%.

La Seguridad Social es otro sector necesario de monitorear, no sólo al evaluar las acciones que implementa para atender la pandemia de forma hospitalaria, sino también el alcance que tiene  para la macroeconomía del país. En lo que va del siglo XXI, el IGSS ha inyectado a la economía no menos de 131,523 millones de quetzales en concepto de pensiones para la población jubilada y salarios para los afiliados activos, lo que se traslada al mercado en la forma de consumo final de los hogares.

Las inyecciones financieras del IGSS permiten  el funcionamiento de las empresas que participan del comercio en el mercado interno y equilibran el sistema bancario nacional. Por ese lado, las reservas del IGSS representan un porcentaje significativo de la liquidez del sistema financiero guatemalteco. El dinero acumulado de las contribuciones de los afiliados, debido a que no todos lo utilizan al mismo tiempo, crea un efecto estabilizador en las tasas de interés y ayuda al equilibrio macroeconómico nacional. Si se retirara drásticamente la reserva del IGSS del sistema financiero nacional, automáticamente se provocaría un incremento en las tasas de interés debido a la reducción de la masa monetaria en circulación y eso repercutiría en una reducción de la inversión.

Si se pone en riesgo la seguridad social, se pone en riesgo la macroeconomía de Guatemala. En ese sentido, tanto el Gobierno como la seguridad social deben proyectar las tendencias que les permitan seguir cumpliendo con sus responsabilidades en el ámbito social de la economía y de la salud para los años venideros, cuyos cimientos económicos se fundamentan en el comportamiento de las empresas; en el nivel de empleo del presente año y en los compromisos de las instituciones públicas de transferir en un 100% la cuota del Estado como patrono, de tal forma que el año 2021 sea de acciones positivas y no un periodo de planificación.

Metodología

Para el análisis de este artículo se realizó un recorrido histórico de corto plazo del contenido noticioso que explica el comportamiento de la pandemia; en Guatemala para el periodo marzo-julio y en el mundo para el periodo enero-julio de 2020.

Se analizaron las medidas económicas implementadas por el Gobierno de Guatemala y sus efectos sobre las principales variables de la macroeconomía en el país. Asimismo, se evaluaron las proyecciones económicas elaboradas por las principales instituciones responsables de los indicadores macroeconómicos a nivel mundial (Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Comisión Económica Para América Latina, Secretaría de Integración Económica Centro Americana y Secretaría del Consejo Monetario Centroamericano).

Las proyecciones se contrastaron con las premisas teóricas que plantea la ciencia económica, esto con el fin de visualizar planteamientos propios sobre posibles rutas de política económica, y en función del procesamiento y análisis estadístico de información oficial del Banco de Guatemala, del Instituto Nacional de Estadística, del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y del Ministerio de Economía.

El análisis se complementó con la evaluación de los incentivos fiscales implementados para la contención de la  enfermedad Covid-19 y su comparación con medidas históricas utilizadas en los países; esas medidas fueron puestas en práctica siguiendo las principales escuelas de pensamiento económico, por lo que tienen fundamento teórico para enfrentar las crisis económicas. Los planteamientos se hacen en función de la realidad socioeconómica de Guatemala.

Resultados

Al inicio de la pandemia, se creía que la recuperación de las economías sería de corto plazo en forma de V o en forma de U...

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[1] Catedrático del curso de Macroeconomía en la Facultad de Ciencias Económicas, Escuela de administración de empresas de la USAC, Campus Central. Catedrático de Economía de la Salud en la Maestría en Administración Pública en Salud, en la Escuela de Estudios de Postgrado de la Facultad de Ciencias Médicas de la USAC, Centro Universitario Metropolitano. Catedrático de Principios de Economía y Finanzas de la Salud en la Maestría en Salud Pública de la Escuela de Estudios de Posgrado, Facultad de Ciencias de la Salud, Campus Central de la Universidad Rafael Landívar. Catedrático del curso Presupuesto, Planificación y Desarrollo de la Maestría en Docencia Universitaria en la Escuela de Estudios de Postgrado de la Facultad de Humanidades, USAC, Campus Central. Catedrático del Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica y de la Escuela Fe y Alegría.

 

El costeo

Edwin Rolando García Caal

Costeo es una palabra que se utiliza para resumir un proceso administrativo y contable que sirve a las organizaciones para determinar cuánto cuesta producir una unidad de un bien (RAE, 2014). En ese sentido el costeo es un procedimiento. En este artículo se intenta ampliar esta visión, para convertir el costeo en un instrumento de gestión empresarial, económica y social; para generar políticas públicas y para orientar la aplicación de los diferentes métodos de costeo que existen en la actualidad. No obstante se partirá de esta definición reducida: ¿cuánto cuesta producir una unidad de un bien? 

Por ejemplo, en la producción de “pan” es necesario utilizar un listado de insumos de materia prima, cítense: harina, levadura, sal, agua y azúcar (García O. , 2010, pág. 53). Para este caso el costeo implicaría la medición de las cantidades adquiridas, la determinación de las cantidades utilizadas en el proceso de producción, y la relación entre lo pagado y lo gastado, por unidad de cuenta.

Si se compran los insumos a precios de mayorista, se registra el precio del quintal de harina a un monto de Q310 y el de la levadura a Q50 el quintal; se agregan Q80 del quintal de azúcar y Q2.5 de una libra de sal. Con estos montos se determina un total pagado de Q442.5 al que hay que agregarle un garrafón de agua purificada que tiene un costo de Q16 (García O. , 2010, pág. 53). En total, los insumos para la producción de pan resultan de un costo de Q458.5. Es oportuno indicar que los términos “costo” y “coste” son sinónimos.

El costo de la materia prima puede ser enfrentado a la producción total, en este caso, dichos insumos alcanzaron para producir 2,293 panes y se utilizó el 100% de los insumos. Esto significa que cada pan costó Q0.20 (458.5/2293) en términos de materia prima.

Sin embargo, surgen muchas preguntas. ¿Este es el costo real de cada pan? Porque además de la materia prima se tuvo que pagar el salario de 3 panaderos a Q2992.37 cada uno (DCA, 2017). Este agregado hace pensar en un dilema.

Dividir la suma del salario de los tres panaderos dentro de la cantidad total de panes asignaría un costo que no es real, tomando en cuenta que el salario es mensual y para producir estos panes no fueron empleados todos los días del mes, únicamente unas horas. Para resolver esto, algunos métodos de costeo (Costeo real integral) proponen dividir el salario por horas y cargar al costo de cada pan, una porción del salario en función del tiempo utilizado para su producción. Unas empresas en cambio pagan un salario por quintal de harina para tener un cálculo exacto del costo del recurso humano. 

Con estas aclaraciones surgen otras dudas. ¿Hay que aplicar el costo del gas o de la leña utilizada para la cocción del pan?, ¿Hay que aplicar el costo del jabón que se utilizó para lavar los utensilios, después del proceso de producción? ¿Hay que aplicar el costo de la energía eléctrica? ¿Hay que aplicar el costo de reparar el horno cuando se descompone? ¿Hay que aplicar el salario de la persona que lava los utensilios utilizados? ¿Hay que aplicar el costo de la maquinaria, aunque no se consuma toda en un proceso de producción? ¿Hay que incluir el costo de la publicidad? Para responder a estas preguntas, los métodos de costeo señalan la necesidad de clasificar los costos en costos directos y costos indirectos. 

Los costos directos pertenecen al proceso de producción y los costos indirectos no. Los costos directos pueden dividirse en Costos fijos (que no cambian de magnitud aunque se incremente la producción) y los Costos variables (que se incrementan cuando se incrementa la producción y viceversa). 

Sin embargo, aún surgen otras dudas, ¿Habrá que incluir el costo del arrendamiento del edificio?, ¿Hay que incluir el costo de los salarios del personal administrativo?, Si el dueño no tiene un salario, ¿se incluyen sus ganancias? ¿Hay que incluir el costo de los salarios del personal de ventas?, ¿Hay que incluir el costo de los salarios del guardián?, ¿Qué ocurre con el personal contratado sólo para cuidar el jardín de la empresa?, ¿Qué se hace con el costo del transporte de la mercadería de la fábrica hacia el puesto de ventas? El puesto de ventas también tiene sus costos, ¿estos se incluyen? La respuesta es sí, son costos indirectos. 

Los métodos de costeo sirven para plantear técnicas que permitan incluir todos los costos aquí señalados. Algunos métodos, por ejemplo, plantean que no es necesario hacer un costeo real integral, sino que los cálculos pueden hacerse clasificando las actividades (Costeo por actividades). 

Otros métodos en cambio, plantean calcular el costo por las unidades administrativas en que se divide la empresa (v.g. producción, empaque, transporte, gerencia, administración, ventas, etc.), o sea costeo por absorción. Otra línea de los métodos plantea establecer procesos y costear cada uno por separado (costeo por procesos) (Reinheimer, González, & Zanitti, 2004). 

A pesar de lo planteado, hay un elemento que es posible agregar al análisis. ¿Qué ocurre si se roban un vehículo de la empresa, y hay que comprar otro?, ¿eso también es un costo? Estos planteamientos permitieron contablemente separar los costos de los gastos. El gasto estará definido como un pago que se hace pero no tiene nada que ver con la producción del bien. 

En este caso se consideran gastos los intereses bancarios por un préstamo, los seguros para vehículos, los desperdicios en el proceso de producción (el pan quemado, por ejemplo) y los impuestos a la producción. Los gastos podrían llegar a cero y aun así alcanzar el mismo nivel de producción. Por el contrario, costos igual a cero, hacen llegar a cero el nivel de producción. 

El costo produce ingresos y el gasto reduce las ganancias. Las multas por exceso de velocidad del piloto de la empresa y las moras en impuestos también son gastos del productor. 

Más allá del costo del productor (como término contable), que permite establecer la cantidad de dinero que se eroga para la producción de un bien, y el gasto del productor, que es un desembolso adicional que no se eroga para la producción pero que está incluido en el precio del bien, existen otros elementos que es necesario considerar. ¿Qué ocurre cuando un trabajador se ausenta de la empresa por razones diversas? Por ejemplo Accidente, enfermedad, viaje, asuntos judiciales, etc.; es sustituido por otro trabajador y la empresa paga dos salarios. ¿Esto debe reducir la ganancia o incrementar el costo de producción del bien? Para eso los estudiosos del tema han propuesto el “Costeo real normalizado”, en este se incluyen los imprevistos y se asumen en un porcentaje promedio como costos indirectos constantes. 

Ahora bien, hay otras complejidades a tomar en cuenta. Las ventas a futuro por ejemplo, (cuando se vende la producción de maíz del año siguiente como mecanismo para contar con financiamiento para la empresa), en este caso no se pueden conocer los costos reales, y se tienen que hacer supuestos de costos. La propuesta es utilizar un método de costeo denominado “Costeo predeterminado estándar”.

En todos los casos, antes de elegir el método de costeo a utilizar, es necesario establecer cuál es el más apropiado en función del tipo de organización, el tipo de producto y el tipo de clientela. Efectivamente, la clientela también tiene mucho que ver en el costo de producción. Si los clientes están dispuestos a pagar por el mínimo detalle, entonces es posible cargar en el costo más procedimientos e inclusive más desperdicios (costeo por órdenes de producción). Por ejemplo, cuando se solicitan trajes a la medida, muebles a la medida, casas. Pero si el cliente no está dispuesto a pagar ninguna modificación en el precio histórico del producto (de la tortilla por ejemplo), es necesario reducir al mínimo los desperdicios y por lo tanto, este registro es importante en el método de costeo que se utilice. 

Ahora bien, hemos estado hablando del costo de producción que atañe a la empresa, sin embargo, ese no es el costo de un producto cuando atañe al consumidor. 

El consumidor debe pagar en el precio del producto el costo de producción, más los gastos, más las ganancias del empresario (que para el consumidor también se consideran un costo), más los costos de transacción. Como costos de transacción se consideran aquellos pagos que se realizan al trasladar el producto del punto de venta de la empresa al punto de compra, en el caso de adquirir el producto en una tienda, el costo de transacción incluye gasolina del tendero para ir a traer los productos al depósito, piloto, salario del tendero, energía eléctrica de la tienda, agente de seguridad privada contratado por el tendero, alquiler del local, etc. 

Cuando el producto es adquirido en un “Centro comercial” entonces los costos de transacción resultan más elevados. 

Cuando el producto es comprado en otro país, los costos de transacción resultan mucho más elevados, ya que incluyen el costo del transporte marítimo o aéreo, los seguros y reaseguros, las muestras que se regalan para dar a conocer el producto, los costos de la empresa intermediaria, los impuestos a la importación, etc. 

Para adicionar algo más; es importante señalar que el consumidor, además de pagar el costo de producción, más los gastos de producción, más la ganancia del empresario, más el costo de transacción, también debe pagar los impuestos al consumo. 

Estos análisis permiten establecer un “costo de producción” para la empresa y un “costo económico” para el consumidor. Lo que se puede simplificar en las funciones siguientes.

Leer artículo completo: García, E. (2018). El Costeo

El origen de las normas internacionales de auditoría -NIA-

Edwin Rolando García
Facultad de Ciencias Económicas
Febrero de 2018


Las empresas hacen uso de la contabilidad para tomar decisiones sobre sus gestiones financieras. En ese sentido, los sistemas contables deben permitirles cumplir con dichos fines, que son de carácter interno a las organizaciones y que a la vez les permiten cumplir con sus obligaciones tributarias. Ahora bien, existen otros usuarios de la información contable como los financistas (bancos), los inversionistas y los administradores tributarios. Este segundo grupo de usuarios debe confiar en los estados financieros que se generan en el sistema de contabilidad de la empresa, pero dicha confianza descansa en la acción de juzgar los procedimientos contables de manera técnica, responsabilidad que es practicada por el Contador Público y Auditor independiente.

Para que esta acción de juzgar los estados financieros de una empresa sea un proceso sistemático, debe fundamentarse en principios de contabilidad generalmente aceptados y su correcta aplicación. Debido a que la auditoría es una función pública debe hacerse sin prejuicios, con integridad y libre de presiones. Como otras acciones públicas, la mejor forma de garantizar la imparcialidad del análisis ha sido la estandarización de normas, lo que históricamente inició en 1917 con las publicaciones del Instituto Americano de Contadores Públicos, entidad que planteó la primera Codificación de Normas y Procedimientos de Auditoría. Esta codificación se inició con pronunciamientos individuales que fueron consolidados en la Declaración sobre Procedimientos de Auditoría que se emitió en 1951, cuando ya se contaba con 24 pronunciamientos del Comité de Procedimientos de Auditoría. Varios comités publicaron procedimientos de auditoría entre 1951 y 1974.

Finalmente, en octubre de 1978 se integró el Consejo de Normas de Auditoría (Auditing Standars Board) como sucesor de los comités técnicos anteriores que tenían a su cargo lo referente a auditoría. Dada la importancia de este tipo de organizaciones se creó el Consejo de la Federación Internacional de Contadores (IFAC), entidad que aprobó la publicación en julio de 1994, de la nueva edición de las Normas Internacionales de Auditoría y Servicios Relacionados.

Como la misión del IFAC, según se declara en su constitución, es “el desarrollo y enriquecimiento de una profesión contable que sea capaz de proporcionar servicios de una consistente alta calidad para el interés público” con el tiempo, esta entidad se ha constituido en la autoridad a la que le corresponde publicar y actualizar las Normas Internacionales de Auditoría (NIA). Detrás de la aplicación de las normas se ha creado un código de ética para los profesionales que las deben aplicar.

A continuación se comparten algunos documentos que permiten dar a conocer los niveles de desagregación de las NIA y sus actualizaciones.

Código de ética (Descargar)
Evolución de la profesión de auditoría (Descargar)
Origen de las NIA (Descargar)
Anexo a la resolución técnica No. 32 (Descargar)
NIAs revisadas en 2015 (Descargar)
NIIF para PYMES (Descargar)
NIIF parte A (Descargar)
Conceptos generales de Auditoría (Descargar)

Un profesor universitario: innovador y creativo

Edwin Rolando García

Facultad de Ciencias Económicas, USAC

Guatemala, febrero de 2018

catedra.de.edwin.garcia@gmail.com

La enseñanza universitaria está urgida de una transformación que permita darle sentido al conocimiento de la realidad social a través de la innovación y la calidad docente. Aprender en la universidad ha perdido sentido, por cuanto otras plataformas de información reaccionan de manera más inmediata a las necesidades del aprendizaje. Los procesos de cambio que afectan a la sociedad actual, ocurren con una velocidad mayor que supera por mucho la capacidad de actualización de la malla curricular en las universidades y por supuesto, superan los procesos de actualización docente. Por eso la creatividad docente debe tener un lugar destacado dentro de todo lo que ocurre en la globalización.

Está claro que los tradicionales contenidos académicos y la forma de impartirlos con marcador, pizarra y diapositivas de PowerPoint, son cosas que han quedado enterradas en el pasado de la educación. Si un docente universitario continúa con esas estrategias, lo más que puede esperar es el desánimo del estudiantado y por supuesto una clasificación social que lo califique como un profesor anticuado. Peor aún si se le ocurre apagar la luz para presentar sus diapositivas.

La enseñanza de hoy debe centrarse en la evidencia empírica, que puede encontrarse en el espacio temporal de un clic informático. Esto trae a colación el ejemplo de la última década del siglo XX cuando se planteaba que un docente que mostraba afanoso un cartel con el dibujo de una vaca fue abruptamente interrumpido cuando por la ventana del aula, una vaca de verdad, de carne y hueso, asomó la cabeza. La enseñanza actual debe estar basada en la información, ya no en ejemplos. El aprendizaje de hoy se resume en la sumatoria de actividades y no en el conteo de clases magistrales.

Siendo que la creatividad es el alma de cualquier estrategia innovadora, debemos aprender a trasladar al plano educativo, las acciones de la realidad que han demostrado que el desarrollo de los países se ha logrado en función de un invento que resume la capacidad de inventiva de cierta población, pero que se ha innovado constantemente a través de una sed de lo nuevo, que ha terminado en transformar los procesos de producción en función de una demanda educada para el cambio, una revolución industrial que alcanzó a cambiar la forma de percibir la realidad en permanente innovación. Por lo tanto, no es posible referirnos a la enseñanza universitaria al margen de esa permanente revolución industrial. 

¿Qué es entonces lo que se debe enseñar? Indudablemente ya no se deben enseñar contenidos, se debe enseñar a los estudiantes a ser profesionales competentes para analizar, en su ámbito, los contenidos obtenidos de la realidad (objetiva o subjetiva) por cualquier medio, y a utilizar esa información para resolver los problemas de la sociedad; no sin antes investigar apropiadamente (de manera técnica y científica) dichos contenidos para discernir entre los verdaderos y los equivocados y así, en función de su capacidad de innovar, enseñarle a proponer mejoras en busca del bienestar social. 

Los estudiantes universitarios necesitan crear sus propios puntos de vista, desarrollar valores y actitudes, saber exponer sus ideas, con fundamento en la información y a discernir entre lo empírico y lo científico. En resumen, el profesor universitario debe crear estudiantes protagonistas capaces de construir conocimiento, a partir de los contenidos que se socializan por cualquier medio de comunicación, en función de sus propias ideas, y con el respaldo de la técnica y la ciencia. El estudiante debe aprender en el camino profesional a mejorar esta práctica. 

¿Cuáles serían los pasos o gradas a seguir? En primer lugar, estar en posesión del contenido, a partir de diferentes autores. En segundo lugar, contar con un espacio dentro del aula para la reflexión y el análisis de esos contenidos, de tal forma que se alcancen las competencias de la cooperación y el discernimiento social. En tercer lugar, debe recibir el estímulo para utilizar dicho contenido en la solución de una problemática. En cuarto lugar, debe visualizar el camino de la autoformación para mejorar el aprendizaje. Esto significa aprender a saber, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a auto innovarse, para no ser únicamente un producto temporal de la universidad. 

Este tipo de aprendizaje se logra a partir de un profesor universitario flexible, capaz de relacionar el conocimiento del que se es experto, con lo que ocurre en la vida diaria de los estudiantes; un comunicador capaz de inducir a los sujetos del aprendizaje hacia los fines de la educación, un líder que proporcione seguridad de que no se está avanzando a la deriva y un promotor del juicio crítico. Si se logra que el estudiante disfrute lo que está aprendiendo podrá hacer aportaciones personales que harán más activo el proceso educativo. 

Un profesor innovador y creativo no da cuestionarios a los estudiantes porque esa estrategia atomiza su conocimiento y limita sus capacidades de aprender, no asigna una cantidad de páginas para el examen como si la vida profesional fuera a limitarse entre la página 8 y la 69. Un profesor innovador estimula la creatividad y no bloquea otras alternativas de solución que pueden ser descubiertas fácilmente por los estudiantes en un tutorial de YouTube. Cuando un profesor universitario condiciona al alumno a realizar únicamente el procedimiento que se enseñó en clase, está negando la direccionalidad del ingenio humano. Un profesor innovador y creativo plantea metas a los estudiantes y les informa cuando las han alcanzado. 

Todo en la vida puede sufrir modificaciones, como aquel trabajo de oficina que es urgente porque lo pidió el Gerente General, pero nada de eso importa cuando le llaman y le informan que alguien de su familia sufrió un accidente. 

En ese sentido, el docente innovador y creativo muestra que las acciones de aprendizaje tienen condiciones espaciotemporales que se pueden modificar en función de situaciones nuevas que aparecen a lo largo del proceso. 

Un docente innovador y creativo comprende y transmite una visión holística de la realidad. Las partes del cuerpo funcionan muy bien, pero una persona no es sólo anatomía, o sólo fisiología, porque cuando actúa, también hace uso de sus sensaciones, pensamientos, percepciones y emociones y en función de eso se crea aquella realidad que el estudiante debe aprender a modificar; por lo tanto, no debe aprender sólo la técnica porque las máquinas si bien juegan un papel decisivo en el desarrollo social, la dinámica humana es la que aporta el entusiasmo de la vida, sus dificultades y sus fines. 

El cambio que se propone también señala la necesidad de modificar las estrategias de evaluación. Fundamentar la eficacia del proceso de aprendizaje en función de exámenes parciales limita las motivaciones del aprendizaje como proceso, indicarles a los estudiantes que las actividades que realizan no tienen valor en sus créditos académicos significa desmotivar el clima educativo. En ese sentido, toda actividad realizada en el aula para la socialización del razonamiento crítico debe tener un punteo y mostrar de forma acumulativa cómo se va en el logro de las metas. 

¿Sobre qué debe estar fundado el aprendizaje? Pareciera que los fines y las técnicas funcionan para lograr objetivos diferentes, sin embargo, la universidad deberá seguir manteniendo su función social, que es la investigación. 

El rigor de la metodología científica está basado en la investigación, lo que señala mucha lectura y mucha indagación metódica. Estos son los fundamentos de cualquier materia de estudio. Un solo libro de texto es un error para la educación en la universidad. La construcción del conocimiento debe estar basada en mucha lectura y mucha investigación (documental y de campo). Este recurso seguirá siendo válido, pero sólo si se enseña y se evalúa la forma correcta de promover la construcción individual del aprendizaje, esto es la redacción. Si se permite que los estudiantes realicen únicamente prácticas de copiar y pegar, se está limitando el aprendizaje de los referentes, la rigurosidad y el respeto a los derechos de autor y se limita la práctica de las técnicas de redacción. 

Todas las modalidades del aprendizaje deben posibilitar la construcción de exposiciones escritas propias pero fundamentadas en referencias bibliográficas que deben seguir protocolos y normas establecidas en el ámbito nacional e internacional. 

Si este es el camino para que el profesor universitario sea creativo e innovador, es de esperar que la administración de la academia cambie para permitirle al docente universitario disponer de los recursos necesarios para transformar su labor educativa en apego a lo aquí planteado. 

Bibliografía 

Morin, E. (2001). Los siete saberes necesarios para la educación del futuro. Barcelona: Paidos.

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