Edwin Rolando García Caal
Introducción
Las necesidades del análisis político, la urgencia de
gestionar adecuadamente la educación, la alimentación, el ambiente y los servicios de salud en Guatemala y el
reconocimiento de las tendencias del contexto económico para cada uno de estos temas, de interés creciente en los
países en vías de desarrollo, hace surgir el presente documento. No es
exhaustivo pero tiene la firme intención de apoyar el diseño de estrategias y
mecanismos financieros que posibiliten la sostenibilidad de los servicios
públicos y un ambiente natural que
permita garantizar la calidad de vida para la sociedad.
Se debe considerar que erogar recursos económicos sin
analizar de manera individual y sistémica, la problemática de cada uno de estos
sectores, no significa resolver los problemas, más bien posibilita conservar
estructuras y procedimientos caducos, cuya tendencia siempre ha sido obtener
mayores presupuestos, pero que no implica necesariamente mejorar la prestación de
los servicios y mucho menos conservar
los recursos de la sociedad. Dado que existen muchas otras variables importantes,
cítese como ejemplo, las capacidades de las instituciones a cargo de estos
temas, planes pocas veces evaluados desde la perspectiva del impacto, ausencia
de mecanismos de seguimiento y relaciones transversales y de coordinación interinstitucional, lo mejor
que se puede hacer desde un ángulo de usuario y ciudadano es evidenciar las
principales manifestaciones de los problemas socioeconómicos, en el sentido de
llamar la atención de que en el análisis son muchos los elementos que cuentan.
Ningún gobierno e institución pública puede encarar y/o
enfrentar táctica y estratégicamente las presiones y amenazas sociales si no
considera el problema social como un todo. Los problemas socioeconómicos tienen
que ver con capacidades (físicas-humanas-técnicas); con impunidad; con desastres
naturales y cambios ambientales, así como con la necesidad de generar de
información y datos. Los alcances de las políticas públicas resultan
influenciados por incentivos económicos y de otra índole, participación
pública, voluntad política y otros, todo esto cuenta a la hora de hacer políticas.
En la actualidad, el Instituto Científico de Investigaciones
Aplicadas al Ambiente y Desarrollo se encuentra permanentemente haciendo
investigaciones económicas, con el resultado esperado (esperanza estadística)
de fortalecer la Política Nacional. El ideal es apoyar en la construcción de
planes públicos con Sostenibilidad Financiera, pero también con capacidad para
fortalecer la Gestión Ambiental, porque si se hace a un lado provocará tarde o
temprano el colapso del país.
Este documento es un esfuerzo específico del Departamento de
educación del ICIAAD y pretende incrementar capacidades de análisis del entorno
socioeconómico en las personas interesadas. Sabemos que la educación enfrenta
serias amenazas y una de ellas es la elaboración de documentos de poco
contenido, puntualizados en el diseño más que en la información y con muchas
limitantes de profundidad y de
temporalidad, ya que no presentan información actualizada. Aquí está nuestra
contribución.
Contexto de país
Guatemala es un país que tiene un bajo nivel de desarrollo
tanto económico como social. Su índice de desarrollo humano al año 2010 era
0.56, el más bajo de C. A., le seguía Honduras con 0.6, El Salvador con 0.66, Belice
con 0.69, Costa Rica con 0.72 y Panamá con 0.76 (PNUD, 2010). A pesar de eso,
sigue ostentando el puesto de la economía más pujante y dinámica del istmo
centroamericano. Mientras Costa Rica en un segundo lugar reportó en 2010 un PIB
de 34,346 millones de dólares, el PIB de Guatemala en 2010 fue de 40,624
millones de dólares (Informe Estado de la Región, 2011). La debilidad de su
estructura económica de agro-exportación se ha mantenido constante durante
cientos de años. Mantiene también una matriz de alta concentración de la
propiedad, una política financiera de carácter conservador, que hace
dependiente de la tributación indirecta los ingresos del Gobierno. Mientras
tanto la infraestructura institucional parece no responder al hecho de que al
año 2011 el 59.1% de su población vivía en el área rural. La tasa de
crecimiento de la población es particularmente alta, ubicándose cerca del 2.4%
anual para el año 2010. Este dato es un tanto delicado, si se compara con el
también elevado índice de pobreza extrema que posee (13% según la ENCOVI, 2011,
contra 5.2% de Costa Rica al año 2010 según el Informe Estado de la Región,
2011). Esta situación mantiene en una presión continuada el equilibrio de sus ecosistemas
naturales y ha puesto en peligro de extinción muchos de sus recursos genéticos.
Durante cientos de años los ciudadanos de este país vivieron bajo regímenes
autoritarios sin embargo, a partir de 1986, surgió una apertura democrática que
a la fecha le ha permitido contar con 8 gobiernos civiles.
Cada uno de estos ha establecido políticas de Estado que de
alguna manera han posibilitado espacios de participación ciudadana en los
proyectos desarrollo nacional. No obstante, el devenir de los tiempos ha
transcurrido bajo una dinámica particular, cargada de problemas económicos,
políticos, sociales y culturales, cuyas manifestaciones se hacen cada vez más
impactantes en el sentir nacional e internacional. La estructura económica del
país es bastante frágil. Principalmente en el agro. Esta situación ha
intensificado la migración campo-ciudad (18,994 personas en 2010), incrementando
la demanda de servicios y empleo y promoviendo la migración internacional (1,
590,832 habitantes al 2009, OIM, 2009). Durante el periodo 2010-2011 el
traslado de lugar de residencia de las personas del interior del país hacia la
ciudad capital de Guatemala fue 75,174 personas (SEGEPLAN, 2011). La falta de financiamiento
para las actividades de Gobierno, por el creciente déficit fiscal ($595
millones en 2008 a $1.226 millones en 2010), buscó salida en el endeudamiento
externo y en el periodo 2008-2011, también en el endeudamiento interno y en la
generación de una deuda flotante muy alta, que dicho sea de paso violó de forma
flagrante dos normas jurídicas específicas. Deuda flotante que surgió
especialmente por la contratación de obras públicas que no tenían sustento en
el presupuesto de la nación y por acciones políticas de dudoso origen. Estos gastos,
presionan para elevar los presupuestos de los años venideros, pues los
proveedores exigen el pago por los servicios prestados. Por otro lado, la falta
de pagos parciales a las obras contratadas ha culminado en el paro de la
construcción de infraestructura pública, originando cierto resentimiento en la
población beneficiaria, que a manera de evaluador social manifiesta su sospecha
de que las adjudicaciones han sido fraudulentas. A la situación descrita se
suma el problema de la violencia y la inseguridad ciudadana. En el país se han
climatizado tres tipos de violencia. Una primera surgida del problema
latinoamericano del narcotráfico (violencia
organizada), otra surgida de la coincidencia de comunidades y grupos
sociales casuísticos, protagonistas de linchamientos y actos vandálicos, que en
su desesperación y sensación de abandono, han encontrado en las medidas de
hecho una salida psicosocial a la necesidad de justicia (violencia reaccionaria). Esta violencia reaccionaria utiliza también
información pública para hacer surgir acciones de rebeldía social y
desesperación de las masas. Hay una tercera clase de violencia surgida en el
seno de las nuevas generaciones, desorientadas y sin metas claras del porvenir
social y personal, que en moda desde el 2011, han hecho competencia por
crímenes cada vez más grotescos como muestras de poder y osadía (violencia emergente).
La juventud es cada vez más violenta, posiblemente por la
falta de una educación moral que fue retirada de las escuelas públicas en
cumplimiento de un mandato legal de educación laica, pero que también de manera
práctica fue retirada del seno familiar, debido a las presiones que ambos
padres tienen por buscar más ingresos. Sobre las Organizaciones No
Gubernamentales (ONG), ha descansado la parte operativa de la mayoría de
políticas en los últimos 7 periodos presidenciales. El estribo para esta
situación ha sido que cada gobierno ha apelado a la organización comunitaria
como el mecanismo de conciliación ciudadana. Sin embargo, trasladar recursos a
las ONG también ha caído en la trampa de la corrupción. El nuevo gobierno que
tomó posesión de las arcas del estado el 14 de enero de 2012 no ha planteado
aún una estrategia definida en torno al trabajo con las ONG; únicamente ha
hecho publicidad en acciones de nutrición (Pacto hambre cero), y de salud
(Ventana de los 1,000 días). A pesar de los avances, que cada gobierno declara
en los documentos y discursos oficiales, los índices de evaluación social
parecen arrojar fuertes déficits de atención en cuatro áreas básicas. Estas son
la vulnerabilidad ante los fenómenos naturales, los problemas de la educación,
los problemas de la alimentación y los problemas de la salud. Dichos temas se abordan a continuación…
Ver texto completo: Problemas socioeconómicos de Guatemala
