miércoles, 7 de agosto de 2013

Problemas en las estadísticas de salud de Guatemala



Edwin Rolando García Caal

En Guatemala se reconoce que “no existe un mecanismo de información que establezca la situación real del perfil de salud de la población de forma continuada, que posibilite evaluar el avance de los compromisos del sector salud, el análisis de los resultados y su vinculación con los recursos”, acciones realizadas por todos los proveedores, los administradores y los financistas de los servicios de salud, tanto a nivel nacional como departamental y municipal. Sin embargo, ¿qué hay detrás de la falta de un mecanismo de información con los alcances citados? ¿Es posible implementarlo?

Algunos analistas señalan que no existe un mecanismo de información de la salud en Guatemala debido al tema de la financiación. Se sabe que en la Autoridad Sanitaria Nacional, existe desde el año 1997 el Sistema de Información Gerencial en Salud (SIGSA), entidad que hasta el año 2010 compilaba la información de los diagnósticos atendidos en los puestos y  centros de salud en sábanas de papel sin el nombre del paciente.

A partir del año 2010 y hasta la fecha, se implementaron un grupo de formularios en línea, sin embargo, debido a la falta de recursos físicos, dichos formularios (12 en total) se llenan en una computadora sin servicios de red. En otras palabras, se elaboran registros en formularios de Excel, a nivel de puestos de salud y centros de salud, dichos formularios son trasladados en medios magnéticos hasta el distrito de salud (uno por cada municipio). En el distrito se digitan para ser transmitidos en línea hasta el nivel central. El esquema de transmisión de datos expuesto no tiene alcance en los 334 municipios que conforman el país ya que en 5 de estos municipios se carece de servicios de internet, por lo tanto los digitadores de esos municipios deben trasladar en medios magnéticos los resultados de cada puesto y centro de salud hasta el siguiente nivel (el departamento).

Otro problema señalado se refiere a la capacidad de los equipos de cómputo utilizados en los municipios y en los departamentos, capacidad que no facilita la elaboración de reportes consolidados. Algunos estadísticos entrevistados (1 por cada departamento) señalan que la elaboración automática de un reporte consolidado departamental tarda alrededor de 5 días en salir, debido a la poca capacidad de las computadoras. En ese sentido, mientras las computadoras elaboran un reporte se detiene cualquier otro trabajo de cómputo. Debido a este inconveniente los reportes consolidados se solicitan a la autoridad central cuando existen recursos financieros para hacer el viaje.


Un problema adicional ha surgido desde la necesidad de reducir la mortalidad materna y la mortalidad infantil. Como los pacientes no son reportados por nombre, al momento de un seguimiento nacional de una estrategia materna e infantil no es posible localizar a los destinatarios de la estrategia. En ese sentido a partir del año 2013 se ha promovido el SIGSA nominal. Aproximadamente un 80% de los digitadores están llenando el  SIGSA nominal pero aún existe un 20% que no lo hace. Esta incompatibilidad de datos ha hecho difícil la consolidación de la información para generar reportes útiles en la toma de decisiones y en la evaluación de los alcances de la estrategia. Según el esquema de evaluación planteado por la OMS, en el Design and Implementation of Health Information Systems es posible señalar otros aspectos de la problemática del mecanismo de información implementado siguiendo una clasificación de seis niveles.


En el nivel uno (recopilación de datos), el sistema de información tiene la debilidad de no compilar la información de los hospitales propios de la Autoridad Sanitaria Nacional en los municipios y departamentos en donde operan. Estos datos son compilados por el Viceministerio de Hospitales y transmitidos únicamente al nivel central. El Ministerio de Salud también paga los servicios de técnicos de salud rurales quienes prestan servicios de salud materna e infantil en las áreas que no cuentan con un puesto ni con un centro de salud. La información de los pacientes atendidos bajo este mecanismo no es compilada por el SIGSA ni siquiera en el nivel central ya que estas organizaciones son inspeccionadas por una oficina coordinadora de las ONG. En las áreas que cuentan con puestos, centros de salud y hospitales, también trabajan médicos privados bajo las figuras de casas médicas, consultorios médicos, sanatorios y centros médicos. Asimismo,  en años recientes se ha implementado el mecanismo privado de servicios médicos económicos en las farmacias de productos genéricos (servicio que supera 1,500 médicos que atienden pacientes en las farmacias en todo el país). Los datos compilados en todas estas empresas no llegan al SIGSA. En aquellos lugares que no cuentan con servicios públicos del primer nivel también trabajan las comadronas. Ellas únicamente informan de los partos atendidos, no así de los servicios de consulta que implican una medicación previa. El viceministerio de hospitales no compila los datos de los hospitales atendidos por otros Ministerios, tales como el Hospital Militar y el Hospital de la Policía Nacional Civil. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social cuenta con una red de servicios similar a la estructura de la Autoridad Sanitaria Nacional, cuenta con sanatorios, centros médicos y hospitales. Los datos de los servicios prestados no son trasladados al SIGSA. La atención de pacientes en el IGSS tiene un fuerte componente materno e infantil ya que atiende a las esposas desde la concepción hasta el parto y a los hijos de los trabajadores afiliados hasta los 7 años de edad. Esa falta de datos en el SIGSA ha provocado que los indicadores calculados por distintas dependencias Nacionales e Internacionales no sean coincidentes, ya que cuando hacen trabajo de campo algunas incluyen y excluyen instituciones informantes. Lo mismo ocurre con las encuestas que reflejan indicadores nada coincidentes con los publicados por la Autoridad Sanitaria Nacional. Ante estos inconvenientes, el Ministro ha enviado una comunicación escrita en donde se prohíbe cualquier publicación de datos y sólo se reconoce como oficial la información que sale del SIGSA.

En el tema de la transmisión de datos (nivel 2), existe el inconveniente de que 5 municipios en el territorio nacional no cuentan con  servicios de internet. En primer lugar por falta de demanda. La población no se encuentra interesada y no es costo-efectiva la prestación de dichos servicios para las compañías existentes. Se ha informado que, si la Autoridad Sanitaria Nacional se hiciera cargo de la infraestructura para internet en el municipio el costo sería elevado. La poca capacidad de las computadoras para almacenar la información es un tema de recursos financieros. Tres son los problemas más difíciles para una transmisión de datos realmente nacional. En primer lugar están las variables compiladas por los diferentes proveedores de servicios (no sólo los del servicio público). El segundo problema tiene que ver con la plataforma empleada para la compilación.  El tercer problema es el tiempo real necesario para contar con los datos. En los puestos y centros de salud (primer nivel de atención), no hay servicios de internet ni personal para hacer la digitación, eso señala inversión en la conectividad y contratación de digitadores. El uso de una plataforma de compilación única para todas las instituciones involucradas en la atención del primer nivel es un reto mayor.

El procesamiento de datos (nivel 3) es particular para cada uno de los proveedores de servicios de salud. El  Instituto Nacional de Estadística compila la información de los proveedores de salud privados y para calcular los indicadores fusiona la información del SIGSA y del IGSS. El resultado es más cercano a la realidad, aunque no cuenta con los datos procesados en otras dependencias del sector público. El inconveniente es el tiempo de salida de los reportes que oscila alrededor de los tres años. Esto quiere decir que al año 2013 contamos con indicadores de salud del año 2010. El SIGSA tiene un retraso de dos meses para el procesamiento de la información y a veces hasta más cuando hay coyunturas en los municipios (a pesar de que alguna información la procesa en tiempo real no es un estándar nacional). Se debe recordar que la información del SIGSA no es completa para aquellos municipios sin servicio de red, pero el inconveniente mayor es que la información sólo pertenece al Ministerio de Salud y el SIGSA no genera indicadores, sólo sumatorias.

El análisis de datos (nivel 4) en el Ministerio de Salud no está concentrado. Existen 18 programas específicos: Salud materna-infantil, VIH SIDA, Malaria, Salud reproductiva, Tuberculosis,  Inmunizaciones, etc. Cada programa solicita la información que le interesa al SIGSA, asume que es información nacional y calcula sus indicadores. La mayoría de veces los indicadores no se calculan de forma programada sino a requerimiento de organismos internacionales. La mayoría de veces los indicadores se construyen utilizando como denominador la población. Algunos programas emplean los datos de población del INE, otros programas los datos de población de CELADE (Centro Latinoamericano de Demografía), otros utilizan aproximaciones propias. Algunos programas buscan la información del IGSS pero en su gran mayoría no. El análisis de datos en el Ministerio de Salud se hace a nivel de consultorías específicas. Otros análisis a requerimiento de los diputados y los públicos realizados por periodistas.  

En el nivel de salidas de información (nivel 5) hasta el año 2010 existía una oficina responsable de elaborar la Memoria Epidemiológica institucional pero desde el 2011 se dejó de publicar y no es de interés de la autoridad sanitaria volver a su elaboración. Los análisis más formales tienen que ver con la elaboración del Informe Presidencial para evidenciar los logros del Gobierno de turno, cada año. Algunos informes internacionales según requerimientos específicos. Hay salidas de información en el Informe de Desarrollo Humano y otros informes con financiamiento internacional. Las encuestas del INE también dan a conocer los resultados de análisis específicos, principalmente los de la Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil (ENSMI). Estas salidas de información no son anuales y el menor tiempo de salida se ha dado a los 5 años. En los niveles subnacionales (departamentos y municipios) se hacen análisis de la situación de salud (ASIS) pero a criterio individual, algunos considerando sólo la información del SIGSA, otros buscando información del IGSS y de otros Ministerios. Dichos análisis los realizan epidemiólogos departamentales. Todos ellos carecen de influencia en los reportes del sector privado. Sin embargo, se puede afirmar que la mayoría no hace un ASIS anual.   

Cuando se habla del uso de la información en la planificación y la gestión (nivel 6), se debe señalar que la Unidad de Planificación Estratégica del Ministerio no utiliza información del SIGSA para la elaboración del Plan Operativo Anual, de hecho el cálculo de las necesidades presupuestarias continúa utilizando mecanismos comunes de todas las instituciones, que únicamente realizan un ajuste inflacionario al presupuesto del año anterior. Las normas institucionales no obligan al empleo de la información de la situación de salud, únicamente al cumplimiento de las leyes presupuestarias  establecidas en el Sistema de Gobierno (SIGOB). Para la elaboración del plan son requeridos indicadores meta, mismos que son elaborados en el nivel gerencial más alto de los servicios de salud con los criterios establecidos por los asesores. En ese sentido, los niveles subnacionales desconocen las metas a lograr.

Como consecuencia no se ha logrado una eficiente ejecución del gasto institucional en función de los retos del perfil de salud y de la posición geográfica de los destinatarios, el gobierno no ha logrado plantear la necesidad de ampliar el financiamiento público para la atención de la salud y como consecuencia no ha logrado el respaldo social, político y económico para la implementación de políticas sectoriales de largo plazo.





Gobernanza del sistema de Salud en Guatemala


Edwin Rolando García Caal

La Gobernanza es una función de competencia característica del gobierno, ejercida mediante la Autoridad Sanitaria Nacional, en este caso del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS). Según la legislación guatemalteca el MSPAS tiene el mandato de ejercer “la rectoría del Sector Salud; entendida la rectoría como la conducción, regulación, vigilancia, coordinación y evaluación de las acciones e instituciones de salud a nivel nacional” (MSPAS, Código de salud: Decreto 90-97, Artículo 9º). En el ámbito de la teoría, la Gobernanza se define como el ejercicio de las responsabilidades y competencias sustantivas de la política pública en salud, en el contexto del nuevo esquema de relaciones entre gobierno y sociedad en el Estado moderno  (Castilla, 2008). La Autoridad Sanitaria es el custodio del bien público en salud y su objetivo primordial es la protección y promoción de la salud de la población. La gobernanza busca mejorar el desempeño de los sistemas de salud, lo que se logra a través del ejercicio eficiente, efectivo y eficaz del rol rector por parte de la Autoridad Sanitaria Nacional en el despliegue de cada una de sus dimensiones: Conducir personas, dirigir procesos y gestionar recursos. En ese sentido, es importante aclarar que las dimensiones de la función de rectoría son cinco: 1. La conducción sectorial. 2. La regulación. 3. La modulación del financiamiento. 4. La garantía del aseguramiento y, 5. La armonización de la provisión de los servicios (Gómez y Darío, 2004).

El cumplimiento de la función de rectoría plantea requisitos específicos a la Autoridad Sanitaria. El primer requisito se relaciona con su capacidad institucional. En ese sentido para regir el sistema de salud, el MSPAS debería contar con un Plan Nacional de Salud que defina claramente los objetivos nacionales y subnacionales que persigue todo el sistema de salud. Con base en dicho plan el MSPAS debiera asumir el liderazgo en la agenda nacional de políticas de Salud. Estos dos elementos plantean las primeras debilidades de la rectoría de la salud en nuestro país. Resulta que transcurrió el año 2012 y han transcurrido 7 meses del año 2013 (para el actual gobierno) sin que  el MSPAS haya hecho público un Plan Nacional de Salud.  Tal situación señala que no hay claridad sobre las acciones que se realizan y por lo tanto no se posibilita su evaluación. El MSPAS no muestra capacidad institucional para ejercer el liderazgo. Esto se nota en el origen de las políticas públicas en salud. Las mismas vienen dadas desde la cúpula de Gobierno y específicamente del Partido Político de Turno. Se planteó un pacto Hambre cero y una ventana de los mil días y se dio la orden al MSPAS para que ejecute las acciones de salud que le son incluyentes. Se asignó un presupuesto de poco menos de 300 millones de quetzales y se intenta informar a la opinión pública que el éxito del pacto y la ejecución eficiente de esos 300 millones representan los principales logros en el sistema de salud, cuando en realidad el MSPAS tiene bajo su responsabilidad una ejecución de 4,000 millones de quetzales. Desde la cúpula de Gobierno se le señaló a la institución rectora que debía atender a 83 municipios prioritarios y punto. El criterio de selección de tales municipios fue un mínimo de 42 puntos en el índice de desnutrición infantil del municipio, que data del año 2008 y que por lo tanto señala como estaba dicho indicador hace cinco años. Aún con ese atraso histórico, los lugares poblados con un índice de desnutrición mayor a 65 puntos fueron abandonados de la prioridad si dentro del mismo municipio contaban con poblados con un índice menor a 15, ya que al momento del cálculo, la media se encontraba por debajo de los 42 puntos ((65+15)/2).  También fueron abandonados de la prioridad aquellos municipios con un índice de desnutrición de 41.89 por estar debajo del mínimo, aunque estadísticamente no exista una diferencia significativa.

El análisis de la rectoría señala que la institución debe contar con capacidad para liderar la cooperación internacional, no obstante el Departamento de Cooperación Internacional no tiene ni siquiera registros de los montos de cooperación y de las acciones priorizadas ya que las mismas ocurren de forma aleatoria, con intereses descoordinados y dicho departamento ni siquiera cuenta con un plan de trabajo que señale el norte para una alineación de la ayuda externa para el sistema de salud. La cooperación que se da fuera del MSPAS es totalmente desconocida por la autoridad sanitaria. En ese sentido existe cero capacidad para asesorar a los niveles subnacionales en el tema de la alineación de la cooperación internacional.

Otra característica de la rectoría del sistema por parte del MSPAS tiene que ver con la capacidad institucional para la regulación y fiscalización.  En primer lugar el marco regulatorio no es evaluado periódicamente y su capacidad para hacer cumplir la ley hacia afuera del MSPAS es muy limitada. El MSPAS ni siquiera logra que los niveles subnacionales del propio Ministerio realicen el debido proceso para la creación de servicios públicos. Durante el año 2012 fueron reclasificados 36 servicios de salud sin autorización legal del MSPAS. Durante el primer semestre del 2012 fueron reclasificados 108 servicios públicos entre puestos de salud y centros de salud, con el desconocimiento de la institución.  El mismo Ministro de Salud llega a los poblados y por instrucciones de la cúpula de gobierno inaugura futuros centros y puestos de salud sin contar siquiera con un expediente de diagnóstico de las necesidades de la población (es decir que son inauguraciones arbitrarias). La última publicación (en el portal del MSPAS) de la Memoria epidemiológica, necesaria para definir las necesidades en materia de salud, data del año 2010. No se publicaron los informes 2011 y 2012 porque no se elaboraron. Respecto de la fiscalización, el MSPAS no tiene capacidad para asesorar a los niveles subnacionales y en materia de regulación, sólo opta por el cumplimiento de la normativa administrativa para la asignación de licencias de salud.

Según la teoría, para que la función de rectoría se pueda llevar con buen pie es necesaria la participación ciudadana. Sin embargo, en este momento en Guatemala no hay participación ciudadana en la toma de decisiones sobre las políticas de salud. Los ciudadanos no han participado en la definición de los objetivos de salud por cuanto ni siquiera se ha elaborado un plan nacional de salud. En la implementación de los actuales objetivos, las instrucciones son burocráticas y de forma piramidal sobre el recurso humano de la institución. La población no participó en la definición de las acciones del pacto hambre cero y el MSPAS no tiene capacidad para orientar a que los niveles subnacionales logren una participación ciudadana en la definición de las políticas de salud desde sus respectivos distritos de salud. Cabe mencionar que las políticas de salud que lidera el MSPAS en la actualidad sólo se enfocan en las acciones del propio Ministerio olvidando que el sistema de salud está conformado por el MSPAS, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), Otras entidades del sector gobierno, el Sector Privado, la Sanidad Militar, la Sanidad de la Policía y un significativo sector de medicina comunitaria tradicional, sobreviviente de la cultura Maya, quienes a la fecha funcionan bajo sus propios intereses. Según se observa en el portal del MSPAS, las principales acciones del Ministro se orientan a la supervisión de los servicios de salud del Ministerio, por cuanto se reporta que la mayor cantidad de su tiempo la invierte en viajes a los municipios, principal mecanismo para enterarse de la situación de sus subalternos.

Breve caracterización del desempeño del sistema de Salud

Los Gobiernos han aplicado indiscriminadamente políticas y estrategias que buscan mejorar el perfil de salud de la población. Durante el 2008-2011 se implementó la política de transferencias condicionadas. Se condicionó a las familias a recibir Q300 mensuales a cambio de llevar a sus niños a la escuela y hacerles un chequeo médico mensual. Así se buscó incrementar la asistencia a los centros de salud en un 400% de niños que antes de la política asistían para acciones preventivas y monitoreo. El problema fue que no se incrementaron los médicos, por lo que cada profesional debía atender alrededor de 90 niños por día y 24 personas adultas. Esa situación hizo colapsar la prestación de los servicios y los médicos se dedicaron a sellar hojas de chequeo a veces sin poder atender a los infantes. Para colmo de males, debido al incentivo de recibir dinero por cada niño que fuera llevado a los servicios de salud, algunas mujeres decidieron tener hijos aún en edad de riesgo y provocaron un incremento en la mortalidad materna. Otros gobiernos implementaron el desayuno escolar, alimentos por trabajo, bolsa de víveres, jornadas médicas, pero el perfil de salud de la población no evidencia mejoría. El gobierno actual implementó el pacto hambre 0, en el cual se aplican micronutrientes en cada chequeo médico, apostándole a la reducción del índice de desnutrición infantil (García, 2012).

Al hacer un análisis histórico se sabe que en 1975 la población del país era de 6,022,577 personas y la atención institucional de la salud se ejecutaba en función de 435 puestos de salud, 216 centros de salud y 38 hospitales. Siendo los hospitales los más presionados por la demanda de servicios, en ese año cada hospital atendía una razón de 158,488 personas (SIGSA, 1997). Las acciones preventivas realizadas por los puestos de salud sólo abarcaban 626,400 personas con un déficit de atención de 5,396,177 personas. En el año 2012 la población del país era de 15,073,375  personas y la atención institucional de la salud se ejecutaba en función de 1,088 puestos de salud, 316 centros de salud y 44 hospitales (UPE, 2012). La presión de la demanda continúa ejerciéndose sobre los hospitales a una razón de 342,577 personas por establecimiento. Las acciones preventivas realizadas por los puestos de salud sólo abarcaban 1,566,720 personas con un déficit de atención de 13,506,655 personas.  Las construcciones de los servicios de salud públicos datan de 1975 excepto algunos establecimientos modificados en 1990 (SIGSA, 2011). Durante el decenio 2002-2012 el presupuesto del Ministerio de Salud ha estado inmóvil en el 1.05% del PIB. Desde el año 2000 hay en la salud pública 1.6 camas por cada mil habitantes pero el 60% de esas camas está en la capital. Los médicos del MSPAS son 1.3 por cada 10,000 habitantes y entre el sector público y privado hay 4 médicos por cada 10,000 habitantes (Diagnóstico Nacional de Salud, 2012). Además de la atención directa, el Ministerio de Salud evidencia poca capacidad para coordinar y normar las acciones de los médicos privados quienes cobran por un mismo servicio una diversidad de cuotas. Según la ENCOVI, 2006 en ese año el 44% de la población rural estaba descubierta de los servicios de salud públicos y privados. El último informe de salud a nivel nacional data del año 2005 y a pesar de que tiene muchas falencias, es el único que se puede citar para los diversos análisis de la situación de la salud en el país. Las estadísticas nacionales de salud no han sido institucionalizadas y dependen de proyectos externos. El estudio de las Cuentas Nacionales de Salud 2006-2008 fue financiado por la OPS pero el Ministerio se negó a divulgar los resultados. Según la posición oficial del Ministerio, las únicas estadísticas que interesan son las que refieren las acciones realizadas por el Ministerio y publicadas por el Sistema Gerencial de Servicios de Salud, SIGSA (Viceministerio del primer nivel de atención, 2012). La memoria epidemiológica del MSPAS dejó de publicarse a partir del año 2010.

Existe poca capacidad técnica para atender la diversidad de problemas de salud de la población. Las universidades siguen produciendo médicos generales con una inclinación a la curación y no a la prevención, pero hacen falta especialistas. Los médicos no quieren trabajar en el área rural y prefieren poner sus clínicas privadas en el área urbana y la ciudad capital. No existe una cultura estadística y por tal razón los médicos no registran de igual forma los diagnósticos, provocando caos en la evaluación de las defunciones y en el control de las causas de morbilidad. Aún no se logra la aceptación de un certificado único de nacimiento por negativa de los médicos. Los equipos y medicamentos desaparecen de los hospitales nacionales y terminan en las clínicas particulares de los médicos. Los médicos no trabajan jornadas completas debido a la remuneración oficial y prefieren trabajar por horas en los servicios públicos y el resto del tiempo en sus viviendas. Hay nula supervisión del trabajo médico. El Ministerio no tiene un equipo profesional para la planificación y por lo tanto el presupuesto no tiene relación con los planes y los planes no tienen relación con la realidad del perfil de salud de la población. Cada programa planifica sus acciones y emite sus informes por separado. Los informes que se presentan al Ministerio por parte de los otros proveedores, se entregan en papel y no son debidamente procesados dentro de la institución por el personal responsable.

En el contexto epidemiológico se sabe que la población no ha cambiado de la misma forma. En 1975 las mujeres eran 2.9 millones mientras los hombres eran 3.05. En 2012 las mujeres eran 7.7 millones y los hombres 7.3 millones. Los indicadores de salud no están actualizados y se duda de su veracidad ya que sólo incluyen estadísticas del Ministerio y de encuestas. No se atienden las estadísticas de los otros sectores, por lo que cada institución pública las estadísticas a conveniencia y como publicidad. En 2010 se reportó que mueren 36 niños menores de cinco años por día, 31 de esos niños sin cumplir el primer año de vida. En el año 2004 Totonicapán y Huehuetenango tenían una desnutrición crónica en el 70% y en el 80% de sus infantes. En el año 2001 se midió la mortalidad en adolescentes y se determinó que el 32% de los casos se debió a heridas con arma de fuego. En reportes de prensa se informó que en el 2010 se atendieron 21,378 partos en adolescentes, con la muerte de 206 casos. El 11% de las muertes en adultos se deben a neumonías, otro 11% a problemas de alimentos y un 7% por causas del sistema circulatorio.

En el 2004 se estableció que el 83% de las causas de morbilidad en adultos se deben a enfermedades respiratorias. 70 de estos casos se dieron en mujeres. En el caso de la muerte materna, la Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil del 2008 publicó 149 muertes por cada 10,000 nacidos vivos. Los casos se registran en menores de 18 y en mayores de 40 años. En el año 2002 el 73% de los casos de cáncer en el Instituto de Cancerología de Guatemala fueron diagnosticados en mujeres, el más frecuente de cérvix y en segundo lugar de mamas. En 2004 se estableció que las primeras causas de mortalidad en el país se deben a enfermedades infecciosas (García, 2012). En el periodo 2006-2012 ha sido difícil encontrar una publicación oficial del perfil epidemiológico de la población a nivel nacional. La información que se encuentra respecto de los indicadores de salud es contradictoria por lo que se duda de los controles de calidad aplicados.

El análisis de las Funciones Esenciales de Salud Pública (FESP 1, 7, 9 y 10) señala la necesidad de hacer un análisis de la situación de salud en Guatemala con procesos de evaluación de la calidad de la información y un soporte tecnológico que posibilite la integración de los niveles subnacionales de forma permanente. El objetivo debe ser monitorear el acceso equitativo que la población necesita para asistir a los servicios de salud. Establecer instrumentos de información que posibiliten al MSPAS ejercer abogacía ante los otros actores del Sistema de salud  para mejorar la prestación de los servicios. Acción que debe realizarse desde el nivel nacional y los niveles subnacionales. La información debe permitir definir los estándares de calidad para la prestación de los servicios y la elaboración de instrumentos de evaluación periódica de la calidad. Que el MSPAS logre implementar las tecnologías necesarias para evaluar la calidad de los servicios de todos los proveedores. Fortalecer la capacidad institucional para hacer investigación en salud y  contar con una agenda de investigación que fortalezca el rol rector de la institución.

Referencias bibliográficas

Banguat (2013). Guatemala en cifras al año 2012. Abril de 2013. Departamento de Estadísticas Económicas. Banco de Guatemala.

Castilla, Mónica (2008). Gobernanza y Rectoría del sector Salud. Universidad de La Sabana. 6 páginas.

DECRETO 90-97 (1997). Congreso de la República de Guatemala. Código de Salud.

ENCOVI (2006). Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, año 2006. Instituto Nacional de Estadística, Guatemala.

ENSMI (2008/9). Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil. Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Instituto Nacional de Estadística. Guatemala.

García, Edwin (2012). Principales manifestaciones de los problemas socioeconómicos de Guatemala. ICIAAD. Guatemala. 100 páginas

Gómez, et. al. (2004). Gestión de Políticas Públicas y Salud. Ponencia presentada en la III Jornada Nacional de Actualización en Promoción de la Salud" Octubre 7 y 8 de 2004. Universidad de Caldas. Manizales.

SIGSA (1997). Red de servicios de Salud del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. MSPAS. Guatemala.

miércoles, 3 de abril de 2013

Bajo rendimiento académico del estudiante universitario ¿Fenómeno nacional de Guatemala?

Edwin Rolando García Caal

El bajo rendimiento académico del estudiante universitario no es sólo un problema de Guatemala, ha sido un fenómeno de interés latinoamericano, debido a que este se ha visto generalizado en todas las universidades de América Latina y El Caribe –ALAC- (UNESCO, 2005). Durante septiembre de 2005 en la Universidad de Talca, Chile, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) a través el Instituto Internacional de Estudios sobre Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESALC) realizó un “Seminario sobre el Rezago y la Deserción Universitaria en América Latina y el Caribe”, para el efecto auspició durante dos años anteriores al seminario y de forma simultánea, investigaciones sobre el rezago de la titulación universitaria en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Uruguay y Venezuela (UNESCO, 2005). Las investigaciones referidas fueron orientadas al establecimiento de la eficiencia en la titulación por universidades, el costo del rezago y un estudio cualitativo para cada país, basado en entrevistas a profundidad que buscaban establecer factores determinantes. El cuadro siguiente muestra el indicador de estudiantes que obtuvieron el título universitario medido en función de la matrícula estudiantil inscrita según la duración ideal de la carrera en las universidades de ALAC.

Cuadro 1: Universidades públicas de América Latina, promoción del 2004.



El bajo rendimiento académico del estudiante universitario es, según los datos reportados, el principal causante del rezago en la titulación, debido a que los estudiantes se ven obligados a repetir los cursos una y otra vez hasta obtener un rendimiento satisfactorio, situación que afectó en ALAC al 56.7% de los inscritos durante el periodo de estudio.

Al respecto de lo anterior nos damos cuenta que el rendimiento académico bajo no es un problema sólo de las universidades del país, ahora cabe una pregunta. ¿Será posible reducir el bajo rendimiento académico? En ese sentido aunque existen a nivel internacional algunas propuestas de análisis para explicar los resultados, dichas propuestas responden a las motivaciones que sustentan los estudios, y todavía es temprano para poder contar con una solución o abordaje protocolar del fenómeno (Boado, 2004). Las metodologías de investigación que se han aplicado al respecto, se encuentran en una etapa exploratoria y descriptiva, y en ella, pese al interés y la importancia en sistematizar colecciones de datos, es necesario detenerse con atención porque los resultados pueden ser bien divergentes según los países, merced de la base institucional y la estructura social de cada uno de ellos (Boado, 2004). En reuniones de integración curricular se ha visto que prevalece una enorme diversidad organizacional entre los sistemas de educación superior en la región y por lo tanto los estudios referidos al rendimiento académico se hacen particulares (IESALC, 2010). A groso modo es posible afirmar que el tema del bajo rendimiento académico universitario es un fenómeno cuyo estudio no se ha agotado y se encuentra a la espera de propuestas que posibiliten de forma concreta su transformación en alto rendimiento académico, como fenómeno internacionalmente generalizado.

Al respecto, previo a profundizar en las metodologías empleadas en el proceso de la investigación, es posible establecer un marco conceptual en el que sea posible observar por qué vía se han ido los intentos por entender dicho fenómeno. Esto puede ser posible a través de una revisión de las investigaciones publicadas. Antes de eso es posible informar que el rendimiento académico puede ser estratificado en rendimiento académico alto cuando se sitúa arriba de la mediana de los punteos aprobados, rendimiento académico satisfactorio cuando los punteos aprobados se ubican por debajo de la mediana y rendimiento académico bajo cuando el punteo es insatisfactorio y no permite aprobar el curso en análisis. Tras ese marco conceptual y como fenómeno de interés para los investigadores en educación, la revisión de la literatura da cuenta que el análisis del rendimiento académico ha sido abordado desde cuatro perspectivas:

1. Desde la óptica de los procesos genéticos (coeficiente intelectual, alimentación, conducta emocional, etc.).

2. Desde la óptica de los procesos de enseñanza (institucionalidad, calidad educativa, estructura curricular, pertinencia curricular, formación docente, condiciones del aula, número de estudiantes por salón, recursos educativos extra aula, etc.).

3. Desde la óptica de la influencia de factores externos al proceso educativo que se analiza (características del estudiantado, situación socioeconómica, opciones de financiamiento, etc.) y,

4. Desde la óptica de la interacción entre los procesos de enseñanza y la influencia de factores externos al proceso educativo.

Según lo planteado en el numeral 1, los estudios de los años ‘40 y ‘50, especialmente en USA, fueron impulsados por el nivel de logro individual y convergieron en privilegiar la interpretación de los resultados del rendimiento académico a partir de un conjunto de factores personales o de características de los individuos, entendiendo por ello los que indicaban racionalidad, inteligencia y efectos acumulativos de desempeños exitosos. De forma complementaria se estudiaron un conjunto de factores indicativos de los valores de superación personal en una sociedad que promovía el éxito.

Así, numerosos desarrollos didácticos de los textos de econometría y psicometría de la época se basaban en las experiencias aplicadas a tales fines estimativos, y por su lado la sociología funcionalista erigía los cimientos de las recompensas de la sociedad que separaba a los ineptos de los inteligentes y que promovía el comportamiento liberal (Boado, 2004). En la óptica del numeral 2 se señala que la primera posición de las investigaciones del rendimiento académico recibió fuertes críticas, especialmente europeas, desde inicios de los años ’60. Analistas científicos instaron a ‘corregir’ esa perversión ‘eugenésica’, que conformaba el trasfondo de tales aplicaciones, en donde indudablemente los privilegiados por algo no explicitado no dejaban de aparecer como triunfadores, y los fracasados como inevitablemente condenados al rechazo. Los informes de Coleman (1960), de Jenks y colaboradores (1972), los trabajos de Bowles y Gintis (1970) y de Carnoy en los ‘80, en USA; los informes de Bernstein en los ‘70 en el Reino Unido, y de Bourdieu en Francia desde fines de los ‘60, conformaron ‘el escenario’ para cambiar el rumbo de las investigaciones hacia factores extra-académicos e intra-académicos (Boado, 2004). De manera clara, y más allá del desempeño educativo en estrictu sensu, cambió el perfil y contenido de los estudios sobre el rendimiento académico en las instituciones de enseñanza, especializándose cada vez más las diferentes corrientes en los factores extra o intra académicos, relegando sensiblemente los aspectos psicométricos, la propensión racional, y la adscripción al logro (Boado, 2004).

Estudios específicos indicaron al respecto cuánto del rendimiento observado en la posguerra se debía a la universalización del acceso educativo y cuánto a la reproducción de la desigualdad en casi todos los países de Europa y de América (Crompton, 1993; Wright, 1997; Boado, 2003 y 2004). Detrás de estos resultados de investigación se desarrollaron políticas educativas redistributivas y administrativas. Los equipamientos físicos de la institución educativa per se, los materiales, los equipamientos administrativos, los equipamientos pedagógicos, los climas organizacionales y la praxis docente recibieron el impulso que se recomendaba en los resultados de estas investigaciones, mismos que fueron señalados como importantes determinantes de los resultados académicos en un sentido amplio (Boado, 2004). Pero el comportamiento del rendimiento académico, a pesar de mantener las instituciones características estandarizadas de institucionalidad, no se comportó igual en todos los estudiantes. Se mediaron los textos, se redujeron los contenidos, se capacitaron a los docentes y el rendimiento académico no reacciona. En ese sentido, bajo la óptica del numeral 3, numerosos trabajos han tenido el mérito de señalar la influencia que en el rendimiento académico tienen los orígenes familiares de los educandos, la situación socio-ocupacional de los padres, el nivel de escolaridad de los padres, el ingreso económico del hogar, el tipo y tamaño del hogar, el número de hermanos y/o dependientes, los hogares completos, el grupo étnico y las sucesivas interacciones entre estos factores con la educación (Boado, 2004). En síntesis estos estudios señalan que el ingreso a las aulas universitarias no es igual y en tal sentido el rendimiento académico esperado debe ser diferente. Como conclusión a los análisis Latiesa (1992) y Sposetti (2000) destacan las asimetrías de los estudiantes en el acceso a las aulas universitarias del año 1 y las asimetrías con relación a los titulados, lo cual no deja de ser un tema abierto, ya que las tendencias no son convergentes a nivel internacional. Las universidades públicas argentinas, por ejemplo, a pesar que son gratuitas, no tienen ‘examen de ingreso’ y no cuentan con restricciones a la actividad académica del estudiante (no hay plazos para aprobar los niveles, no hay límite de repeticiones y no hay límites de exámenes) sólo tienen una tasa de titulación de 17.6, similar a universidades que sí tienen examen de ingreso (Bolivia, Brasil, Guatemala y República Dominicana).
Los investigadores Tikiwal y Tikiwal (2000), a partir de la polémica sobre la situación de la educación superior en India, concluyeron que las bases de datos necesarias para los diagnósticos y la planificación eran deficientes y no abordaban al alumno en todas las dimensiones posibles (Boado, 2004). Por su parte los famosos trabajos de Tinto (1986, 2002 y 2003) han señalado, para un tipo especial de enseñanza superior (el de las universidades y colleges norteamericanos), los déficits sociológicos y pedagógicos subyacentes, que afectan el rendimiento académico. Señalan que no se trata de aptitudes ni de infraestructura, sino de condiciones extra-académicas constantes. El autor ha observado que este problema es sintomático en contextos donde el ‘peso’ del espacio y clima institucional se soslaya a priori como explicativo del rendimiento, cuando al menos puede tener un papel tan importante como los de tipo individual y social en el rendimiento académico. Desde la óptica del numeral 4, Spossetti (2000) señala que en buena parte de la bibliografía consultada se muestra un escaso interés político y científico por el problema. Según la autora, en algunos estudios se registra una mayor tendencia al abandono en las instituciones que no tienen examen de ingreso, pero no se explicitan análisis posteriores al ingreso de los procesos vinculados con el logro de los objetivos educacionales, lo que hace un análisis parcial del fenómeno, pero indudablemente requiere de mayor preocupación y examen (Boado, 2004). Al año 2010, en el seminario denominado “La Universidad Latinoamericana en discusión”, el tema del rendimiento académico fue enfocado desde la preocupación de que un bajo rendimiento durante la carrera repercute en la calidad de los egresados y sobre todo impide un reto mayor: la movilidad académica internacional (IESALC, 2010). Mientras la declaración de la Conferencia Regional de Educación Superior (CRES) en 2008, nos invita a la superación de brechas en la disponibilidad de conocimientos y capacidades profesionales y técnicas de los egresados universitarios (IESALC, 2010), el problema del bajo rendimiento académico aparece como un fenómeno difícil de superar. El reto de la “acreditación de las universidades” para la convalidación y el reconocimiento de las capacidades profesionales de los egresados y el reconocimiento de los títulos y estudios, señala la actual necesidad de reducir los rendimientos académicos bajos en las universidades tanto públicas como privadas (IESALC, 2010), si no es posible hasta un nivel deseable por lo menos a un nivel estándar. En ese sentido la brecha entre los alumnos graduados de las universidades de Guatemala y el resto de Latinoamérica se observa en el gráfico siguiente.

 Gráfico 1. Titulación en la universidad pública de América Latina y el Caribe


Las universidades de Guatemala, en su contexto de instituciones (una pública y nueve privadas) han manifestado variaciones importantes en la eficiencia de la titulación pero en general están 19.1% estudiantes abajo del promedio de titulaciones Latinoamericano y del Caribe. Las únicas universidades que son superadas por la titulación en Guatemala son República Dominicana y Argentina. La titulación en la Universidad de San Carlos fue medida en una tasa de 24.0% en contraposición a la titulación en las universidades privadas, que se ubicó en una tasa de 12.8% durante el periodo 1999-2003 (Calderón, 2005). De esa fecha y en comparación con los estándares de población, el país ha mantenido las relaciones de inscripción y promoción universitarias que se detallan en el cuadro 2.

Cuadro 2. República de Guatemala.

En la vida académica de la Facultad de Ciencias Económicas de la USAC, la segunda más grande facultad de la USAC, el rendimiento académico “bajo” ha sido y es un fenómeno masivo que abarca todo el proceso educativo de los 10 semestres de las carreras que allí se imparten. Dicho fenómeno ha permanecido constante a lo largo de los años. Esto es importante si se considera que dicha Facultad recibe al 15% de los estudiantes inscritos en la USAC y está reportando únicamente un 10.5% de titulación. Si comparamos este indicador con el correspondiente a las universidades de Chile, por ejemplo, en áreas similares del conocimiento, se tiene que en las Ciencias Sociales el indicador promedio durante el periodo 1998-2002 en aquel país se ubicó en 54.6% y en las carreras de Administración y Comercio se ubicó en 50.6% una brecha muy alta para Guatemala (González L. , 2005). Estas relaciones numéricas muestran la creciente necesidad de estudiar dicho fenómeno y buscar de manera científica propuestas para motivar un cambio de tendencia.

En la revista Económicas Al Día, en su edición del 31 de mayo de 1992 se escribió: “Mientras la matrícula estudiantil se ha incrementado a 14,500 estudiantes el porcentaje de estudiantes con un rendimiento académico alto se ha reducido y no es siquiera la cuarta parte del uno por ciento” (IIES, 1992). En la actualidad (año 2013), la tendencia a la baja en el tema del alto rendimiento académico se mantiene y la matrícula estudiantil ha llegado a los 26,000 inscritos lo que señala un alejamiento a las metas del CRES 2008 para Guatemala, cada vez mayor.

¿Qué camino se puede seguir?

Una forma de buscar la respuesta es a través de la revisión de informes de investigación referidos al análisis del fenómeno en cuestión. Aquí hay tres referencias.

Investigaciones del IESALC. Para abordar el tema de las metodologías de investigación utilizadas en el estudio del rendimiento académico en la actualidad, es posible agrupar las 15 investigaciones financiadas por el IESALC en un solo esquema metodológico, de tal forma que se pueda comparar con otros diseños metodológicos y definir una ruta apropiada factible de aplicar en el país. Llamaremos a estas investigaciones: Metodología X. En los 15 estudios se consideraron tres carreras, Derecho, Ingeniería Civil y Medicina. El criterio fue tener una representación para diferentes áreas del conocimiento (UNESCO, 2005).

Los estudios se orientaron a cuatro instituciones: dos públicas y dos privadas, con ligeras variantes. El cuadro 3 resume las referencias de las publicaciones que se agrupan bajo una sola metodología.

Cuadro 3. Investigaciones en universidades, realizadas en Latinoamérica y el Caribe




Cada investigación de las citadas en el cuadro 3 abarcó dos dimensiones: una dimensión cuantitativa de fuente secundaria y una dimensión cualitativa. En la dimensión cuantitativa fueron utilizados los datos administrativos de las instituciones para determinar la eficiencia en la titulación, definida esta como la proporción de estudiantes “T” que se titulaba en un año “t”, en comparación con la matricula nueva en primer año “N”, en el tiempo correspondiente a una duración “d” de las carreras establecidas en los planes de estudios oficiales. La duración a groso modo se estableció en 5 años. El análisis se hizo separando sexo masculino y femenino (UNESCO, 2005).

Para hacer el cálculo de la deserción en cada institución, se tomó para cada carrera la cohorte que ingresó tres años antes que el período normal de duración de la carrera. Por ejemplo, si la carrera de Ingeniería Civil tenía una duración de seis años se tomó la cohorte que ingresó hace nueve años. Luego se estableció para dichas cohortes la cantidad de estudiantes que se titularon en el año (t), que correspondía al período normal de duración de la carrera (d), la cantidad que se titularon un año más tarde (t+1), dos años más tarde (t+2) y tres años después (t+3) respectivamente. Aquellos estudiantes que aún no se titulaban y que continuaban sus estudios fueron considerados por criterio de experto en un 50% como en proceso y en un 50% como futuros desertores. Los estudiantes de la cohorte de ingreso que no estaban en ninguna de las categorías anteriores, corresponden a los desertores reales, a quienes se sumó el dato de los desertores potenciales para calcular el dato real de deserción (UNESCO, 2005).

Los factores a los que se atribuye el bajo rendimiento académico fueron determinados a partir de entrevistas a desertores y a autoridades universitarias, según las muestras que se exponen en el cuadro siguiente.

Cuadro 4. Investigación cualitativa aplicada en las universidades de ALAC




 Las cantidades de entrevistados señalan el alcance exploratorio de estos estudios.

Resultados de las investigaciones del IESALC. Un primer punto tratado en los resultados de la aplicación de dicha metodología fue la información planteada en el cuadro 1, asimismo el cuadro 5 muestra los resultados del análisis de la titulación en tiempo.

Cuadro 5. Análisis de la titulación universitaria en 2004.



Dos de los países con universidades incluidas en la investigación se encuentran titulando al 67% de alumnos en el tiempo establecido para cada carrera, otros dos países logran únicamente el 3% de titulación en tiempo. Guatemala titula en tiempo a 5 de cada 100 inscritos.

Para hacer un análisis de los resultados cualitativos obtenidos en las entrevistas realizadas, las principales causas o factores incidentes fueron agrupadas en cuatro categorías: las externas al sistema de educación superior, las propias del sistema e institucionales, las causas académicas, y las de carácter personal de los estudiantes. Entre las causas externas las principales fueron: las condiciones socioeconómicas tanto del estudiante como del grupo familiar (el lugar de residencia; nivel de ingresos; nivel educativo de los padres; el ambiente familiar, la necesidad de trabajar para mantenerse o aportar a su familia). Esta situación afecta con mayor fuerza a los quintiles de menores ingresos (UNESCO, 2005).

Entre las causas propias del sistema e institucionales están: el incremento de la matrícula, particularmente en los quintiles de menores ingresos que requieren de mayor apoyo debido a su deficiente preparación previa; la carencia de mecanismos adecuados de financiamiento del sistema en especial para el otorgamiento de ayudas estudiantiles, créditos y becas; las políticas de administración académica (ingreso irrestricto, selectivo sin cupo fijo o selectivo con cupo); el desconocimiento de la profesión y de la metodología de las carreras; el ambiente educativo e institucional y la carencia de lazos afectivos con la universidad (UNESCO, 2005).

Entre las causas de orden académico se consideraron: la formación académica previa, los exámenes de ingreso, el nivel de aprendizaje adquirido, la excesiva orientación teórica y la escasa vinculación de los estudios con el mercado laboral, la falta de apoyo y orientación recibida por los profesores, la falta de información al elegir la carrera; la carencia de preparación para el aprendizaje y reflexión autónoma, los requisitos de los exámenes de grado en la selección de la carrera; la excesiva duración de los estudios, la heterogeneidad del estudiantado y la insuficiente preparación de los profesores para enfrentar la población estudiantil que actualmente ingresa a las universidades (UNESCO, 2005).

Entre las causas personales de los estudiantes cabe enumerar aspectos de orden tanto motivacionales como actitudinales tales como: la condición de actividad económica del estudiante, aspiraciones y motivaciones personales, la disonancia con sus expectativas, su insuficiente madurez emocional, las aptitudes propias de su juventud; el grado de satisfacción de la carrera, las expectativas al egreso de la carrera en relación con el mercado laboral, dificultades personales para la integración y adaptación, dedicación del alumno, falta de aptitudes, habilidades o interés por la carrera escogida (UNESCO, 2005).

Según (Boado, 2004) las causas personales de las investigaciones en ALAC ponen en evidencia la verdad que subyace en la teoría de Bourdieu y Passeron, referida a las diferencias sociales en el acceso a la educación en una sociedad capitalista: “La vivencia del futuro escolar no puede ser la misma para el hijo de un alto directivo quien gozando de más de una posibilidad entre dos de ir a la Facultad, se encuentra con que en su entorno social e incluso en su familia, los estudios superiores son una meta normal y obligada, que para el hijo de un obrero, el que con menos de dos posibilidades entre ciento de llegar a la Universidad, no conoce a los estudios ni a los estudiantes sino a través de otras personas y por medios indirectos (Passeron, 1967).

Investigación en la Universidad San Martín. Existe otra investigación que analiza las razones por las cuales los estudiantes universitarios de medicina en Colombia, reprueban los cursos en los primeros semestres de la carrera, el análisis se hizo a partir de una combinación entre entrevistas y fuentes secundarias, a lo que las autoras llaman triangulación exploratoria de caso múltiple (González & Daza, 2010). Llamaremos a esta investigación Metodología Y.

El período de la investigación estuvo comprendido entre febrero de 2007 y febrero de 2008. Integraron la muestra 35 estudiantes y 7 docentes; la información se obtuvo de fuentes primarias y secundarias y se emplearon técnicas de análisis de contenido (categorías, triangulación) y distribución de frecuencias. Según las autoras, en Colombia, aproximadamente el 45% de los estudiantes aprueba menos del 80% de las materias al finalizar el cuarto semestre y la tasa de deserción acumulada es de 39% (González & Daza, 2010). Las investigadoras escriben que según lo afirma Duro (2006), “la repitencia es antesala del abandono”, es un factor desencadenante de la deserción, por lo tanto, repitencia y deserción son fenómenos concatenados donde, la repitencia reiterada conduce al abandono de los estudios (González & Daza, 2010). En esa investigación el universo lo constituyeron el total de docentes y estudiantes de I a V semestre del Programa de Medicina de la Fundación Universitaria San Martín, sede Puerto Colombia, en el I periodo académico del 2007 (González & Daza, 2010).

Inicialmente, se tuvo en cuenta el 100% de los estudiantes que reprobaron cursos en el segundo período académico del 2006 (II -06) y se matricularon nuevamente en el I-07, población que fue sometida a los criterios de exclusión. Se omitió del estudio todo estudiante que: asistió a parte de las actividades académicas en el II -06, pero no llegó a matricularla en I-07; quien matriculó un curso en el II -06 pero posteriormente se retiró; quien matriculó un curso en el II -06, no se retiró oficialmente pero, no asistió o lo hizo hasta el primer examen; quien reprobó el curso en el II -O6 pero lo recuperó en el curso vacacional. Así mismo, participaron del estudio 7 de los docentes responsables de los cursos reprobados en II – 06 y en la repetición del I – 07 (González & Daza, 2010).

La muestra de 35 estudiantes fue distribuida así: I semestre 2; II 15; III 3; IV 10; V 5. Para la obtención de los datos, se procedió secuencialmente de la siguiente manera: solicitud a secretaría académica del listado de estudiantes de I a V semestre con cursos reprobados en el II -06; ubicación de los reprobados en II - 06 repitiendo en I - 07; verificación de los criterios de inclusión y exclusión; solicitud y consentimiento de los estudiantes y docentes para participar en el estudio; entrevista individual a los estudiantes y docentes seleccionados; revisión de kárdex, hoja de vida académica, caracterización de tutores de los estudiantes incluidos en el estudio; procesamiento y análisis de la información. Se utilizaron fuentes de información primarias (entrevista con cuestionario semi-estructurado) y secundarias (caracterización tutores, revisión del kárdex, revisión de hoja de vida académica) (González & Daza, 2010).

En la entrevista, se indagó a los estudiantes sobre las causas de reprobación, cuál de ellas consideraban la más importante, si establecían alguna diferencia entre los motivos de pérdida según el área de formación, las acciones realizadas para superar las dificultades y que les gustaría que les ofreciera la universidad para superarlas, la solicitud de apoyo a los tutores de cohorte, bienestar universitario y asesorías adicionales, el impacto que a nivel personal y familiar causó la reprobación y por último si habían tenido o no la intención de retirarse de la universidad (González & Daza, 2010). 

En la entrevista a docentes, se preguntó por las causas a las cuales atribuían la reprobabilidad de cada estudiante, cuál habían detectado como la más importante, la colaboración prestada para superar la dificultad del alumno, las sugerencias de acciones a implementar por parte de la universidad, si habían informado a los tutores de cohorte y si habían recibido realimentación por parte de los mismos. De las fuentes secundarias se obtuvieron datos acerca de: edad de ingreso, género, promedio académico, repitencias anteriores, resultados en las pruebas ICFES, lugar y colegio de procedencia (González & Daza, 2010).

Para el análisis de los datos cuantitativos y cualitativos se obtuvo la distribución de frecuencias, se elaboraron gráficas y a través del análisis de contenido se organizaron categorías, utilizando la triangulación de investigadores para dar fiabilidad al estudio, aplicando lo recomendado por Fox (1981), determinando el porcentaje de acuerdo: Po = N° de acuerdos/ N° de acuerdos + N° de desacuerdos x 100, obteniéndose un valor de 94 – 97%. La validez se conservó a través del enjuiciamiento de los instrumentos por expertos y observando las cualidades (exclusión mutua, exhaustividad, homogeneidad, pertinencia, objetividad y fiabilidad, claridad, replicabilidad y productividad) que según Bardin 1986 y Ruiz Olabuénaga 1999 definen un sistema de categorías adecuado (González & Daza, 2010).

Resultados de la investigación en la Universidad San Martín. Según las autoras, tal como se plantea en el libro “La Universidad Adolescente” (Antia, Lima, & Castro, 1994), los estudiantes que ingresan a la Universidad son cada vez más jóvenes y menos preparados para asumir los retos impuestos por la Universidad, tales como el encuentro con un elevado número de extraños, métodos de enseñanza-aprendizaje distintos, una relación diferente con los docentes, la autonomía para manejar su tiempo, la necesidad de realizar ellos mismos trámites administrativos. Por otra parte, la familia y las instituciones le exigen al nuevo universitario un comportamiento dual y contradictorio: por una parte, debe convertirse instantáneamente en adulto responsable asumiendo la preparación para el mundo del trabajo y por la otra, no aceptan la adultez en su comportamiento para no entregar tareas o asistir a clases, para lo que debe seguir siendo adolescente obediente. Todo ello genera estrés en un joven que responde como tal, y a veces, de maneras no adecuadas (González & Daza, 2010).

Con respecto a las pruebas estatales (ICFES), se tomaron en cuenta los datos de Biología, Química y Lenguaje. En Biología, el rango de puntajes fluctuó entre 38 y 64, concentrándose entre 42 y 50 (23 estudiantes); en Química, entre 32 y 49, con 25 estudiantes entre 38 y 44; en Lenguaje, entre 38 y 66 puntos, con 23 estudiantes entre 45 y 53. Teniendo en cuenta que, los puntajes se miden de 1 a 100 y que entre 0 y 30 es bajo, entre 30 y 70 es medio y más de 70 es alto, los resultados en las 3 áreas de la mayoría de los participantes en el estudio, se ubicaron más cercanos a los límites inferiores del nivel medio (González & Daza, 2010).

Una explicación de los bajos niveles de los estudiantes en las pruebas ICFES se debe a la aplicación del decreto 230 del 2002 que obligó a las instituciones de secundaria a mantener números mínimos de repitencia aduciendo una tasa muy elevada de deserción y al hecho de que repetir no resuelve los problemas de aprendizaje y va dirigido a generar más responsabilidad institucional en el fracaso escolar (Recaman, 2001). Desafortunadamente, su implementación ha incidido negativamente en la preparación del bachiller quien aprueba aún sin haber alcanzado sus logros, situación no exclusiva de Colombia pues afecta a muchos países latinoamericanos (González & Daza, 2010). Por otra parte, hallazgos de otras investigaciones indican que es más importante lo sucedido después del ingreso del estudiante que su historia anterior. Un estudio cubano (Rodríguez & González, 2005) en un programa de medicina encontró que “la capacidad predictiva de cualquier indicador para el ingreso, se disipa a medida que el estudiante transita de un curso a otro” y, en cambio, ya admitido, “el rendimiento académico en un curso cualquiera se asocia muy fuertemente a su rendimiento en el curso anterior y posterior”. Por lo tanto, para el pronóstico de éxito futuro, el indicador de promedio académico es muy importante: a mayor promedio, menor probabilidad de repitencia y deserción (González & Daza, 2010).

En la literatura se señalaron múltiples causas de reprobabilidad con las cuales se construyeron 6 categorías: académicas, afectivas, personales, familiares, económicas, salud. Las causas mencionadas por los estudiantes en orden descendente fueron: académicas, afectivas, salud, familiares y personales. Las expresadas por los docentes fueron: académicas, personales, afectivas y salud; no se mencionaron las causas familiares y económicas. Como puede observarse, tanto para estudiantes como para docentes las causas académicas ocupan el primer lugar. Estos resultados son similares a los encontrados en estudios de deserción (Escobar, 2005) donde las causas académicas y las relacionadas con motivación (personales y afectivas) se detectaron también en los primeros lugares (González & Daza, 2010).

En relación a la pregunta de si había diferencia en los motivos para haber reprobado una materia según el área de formación, a excepción de un estudiante, todos respondieron negativamente, asegurando que los mismos motivos influían en su bajo rendimiento académico independientemente del curso involucrado. Entre las causas académicas respondieron: matrícula tardía, falta de estudio, dificultad para memorizar los aprendizajes, metodología de estudio, lectura y escritura (falta de comprensión de los textos y de las preguntas de los exámenes), falta de conocimientos previos, falta de ambiente apropiado para estudiar, elevada exigencia académica, falta de motivación y/o claridad por parte del profesor. Tanto estudiantes como docentes coinciden en que la primera causa académica de reprobabilidad fue la falta de estudio, seguida de la matrícula tardía, la dificultad para memorizar, la metodología del estudio, las dificultades con la lectura, escritura y la elevada exigencia académica (González & Daza, 2010). 

La falta de conocimientos previos, sólo fue mencionada por los docentes. Las respuestas por causas afectivas fueron conflictos emocionales (soledad, disgustos con la pareja), la dificultad para adaptarse a la universidad, la falta de motivación o gusto por la materia, el estrés en el momento de las evaluaciones, la no satisfacción con la carrera, la falta de empatía con el profesor y noviazgo. Las causas personales fueron: ser introvertido y ausencia a clases. Los docentes consideraron en primer lugar el comportamiento introvertido (7 respuestas), seguido del ausentismo en 5 oportunidades. Entre las causas familiares fueron categorizadas la separación de padres y disgustos con familiares (no pareja). Sin dudarlo, la ruptura de la estructura familiar constituye un impacto negativo muy profundo, más aún para un adolescente como es el estudiante de los primeros semestres (González & Daza, 2010). 

Fueron categorizadas como causas económicas la falta de recursos diarios y trabajo. No las mencionaron los docentes y los estudiantes sólo en 2 ocasiones. En cambio las causas relacionadas con la salud los docentes la mencionaron sólo una vez, y los estudiantes 5. Los afectados por esta causa realizaron consulta tratamiento y control médico. Al igual que las causas familiares, estas en muchas ocasiones no son detectadas por los docentes, pues el estudiante se reserva este motivo, incluso no tramitan sus excusas médicas y son reacios a acudir a la consulta gratuita y permanente ofrecida por Bienestar Universitario (González & Daza, 2010). 

Para hacer el análisis cruzado se verificó cuáles de los 35 participantes en ésta investigación se matricularon para el primer período académico del 2008. Se encontró, que 13 de ellos, 37.1% no lo hicieron y relacionando esto con las respuestas dadas durante el estudio en cuanto a sus intenciones de retiro, de los 8 que respondieron “si”, 2 efectivamente ya no están y de los 21 que respondieron “no” 9 salieron. De los 13 que salieron, el retiro de 11 se debió al cumplimiento del reglamento al quedar fuera de programa por bajo rendimiento académico y 2 por motivos económicos y personales. De los 13 estudiantes retirados, 2 actualmente, están solicitando reintegro para el II Período de 2008 (González & Daza, 2010).

Investigación en la universidad San Luis Potosí. David Gómez Sánchez, Rosalba Oviedo Marín y Eugenia Inés Martínez López de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México, realizaron una investigación titulada “Factores que influyen en el rendimiento académico del estudiante universitario”, utilizando lo que llamaremos Metodología Z. El estudio fue definido por los investigadores como de tipo transversal, cuantitativo, descriptivo y correlacional. Se utilizó el programa estadístico SPSS versión 17 para diseñar la base de datos, después se procedió al tratamiento y análisis de los mismos.

Se determinó la confiabilidad del cuestionario utilizando el coeficiente de Alpha de Cronbach, logrando medir la consistencia del instrumento para el constructo rendimiento en 0.790 y en el constructo satisfacción con la carrera en 0.681,valores que indican muy buena confiabilidad (Gómez, Oviedo, & Martínez, 2011).

La población se delimitó considerando a los estudiantes de la Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media, con un total de 837 alumnos inscritos en los diferentes programas académicos. Se estableció el tamaño del error admisible en la estimación 5%, el nivel de confianza (95%) y la probabilidad verdadera de éxitos 50%. En función a estos aspectos se generó el tamaño de la muestra con universo infinito. El tamaño calculado fue de 238 individuos.

n= z(z) p(1-p)= 1.96(1.96)(0.5)(0.5) = 384 para población infinita (1)
     (e) (e)                  (0.05) (0.05)


n=    n (N)  =    384 (837) = 238 para población finita (2)
       N+n-1          (384) (837)-1


Se realizó un muestreo aleatorio estratificado (MAE) siendo los estratos definidos por las carreras que se imparten en la Universidad. El 39.81% de los alumnos que componen la muestra son hombres y 60.19% son mujeres el promedio de edad es de 20.09 años con una desviación estándar de 2.6 años. El 32.9% son de segundo semestre, el 36.6% son de cuarto, el 24.5% de sexto y el 6.0% del octavo semestre. Sólo el 22.9% están trabajando y estudiando, mientras que el resto sólo estudian; el 93.5% son solteros. Los aplicadores fueron alumnos de la misma institución inscritos en la materia de Investigación Cuantitativa de Mercados en carácter de colaboradores de los trabajos de investigación, y las encuestas se aplicaron entre el 8 y el 29 de marzo de 2010 (Gómez, Oviedo, & Martínez, 2011). Todas las variables fueron medidas en una escala ordinal de seis puntos. Las personas encuestadas fueron muestreadas según se informa en el Cuadro 6.

Cuadro 6. Investigación sobre el rendimiento académico en México



Para el análisis de los datos se realizaron gráficas en el programa Excel 2007 a partir de los resultados que arrojó el programa SPSS. Se utilizaron los coeficientes de correlación de Pearson que determinan la correlación entre dos variables numéricas, de Spearman que igualmente determina la correlación entre dos variables cuando al menos una es ordinal (Kerlinger y Lee, 2008), t para muestras independientes y ANOVA de un sólo factor. Se tomó en cuenta que estas pruebas sirven para comparar dos o más medias respectivamente (Malhotra, 2008) y se consideró que las correlaciones son muy fuertes al ser mayores de 0.8, como fuertes entre 0.6 y 0.8, moderadas entre 0.4 y 0.6, débiles entre 0.2 y 0.4 y menores de 0.2 como muy débiles (Salkind,1998).

Resultados de la investigación en la universidad San Luis Potosí. Los resultados arrojados coinciden con los obtenidos por Vargas (2001), citado por Artunduaga (2008), en cuanto a que el sexo femenino presenta un rendimiento académico superior al sexo masculino. En el estudio se encontró que las variables sociodemográficas sexo y semestre explican la variable rendimiento académico percibido por el estudiante, existen otras dos variables que lo explican también, el promedio numérico obtenido por el estudiante y la satisfacción del mismo con la carrera elegida (Gómez, Oviedo, & Martínez, 2011). Los parámetros de la relación entre la variable rendimiento con el semestre fueron significativos (rho = -0.190, sig. = 0.009), también se encontró evidencia estadística de la asociación del rendimiento académico con la variable sexo (t = -2.751, sig.= 0.007), así como correlación directa y moderada entre el rendimiento y la satisfacción con la carrera (r = 0.444, sig. = 0.000) y asociación con la variable promedio (r = 0.525, sig.= 0.000), la variable carrera no explica el rendimiento percibido del estudiante (F =0.821, sig. 0.513). (Gómez, Oviedo, & Martínez, 2011).

Al final se concluyó la validez de la hipótesis H1: Existe relación entre el rendimiento percibido del estudiante y las variables sociodemográficas sexo, carrera y semestre donde se encuentra inscrito el alumno. Se encontró evidencia estadística de que la percepción del rendimiento mayor está ubicado en el segundo semestre, con 2.92 puntos/6, mientras que el octavo semestre es el de menor rendimiento percibido, con 2.264 puntos/6, lo que genera una relación inversa: a mayor semestre, percepción de rendimiento académico menor (Gómez, Oviedo, & Martínez, 2011). En esta investigación, el rendimiento académico fue evaluado mediante la valoración de varios ítems, concordando con Pita y Corengia (2005) y Vargas (2007) quienes sostienen que el tema abordado es el resultado de un conjunto de factores, más que una variable aislada. Las variables título secundario obtenido y nivel educacional alcanzado por la madre no fueron consideradas en esta investigación (Gómez, Oviedo, & Martínez, 2011).
Trabajos citados
Antia, M., Lima, J., & Castro, L. (1994). La universida adolescente. Bogotá: Fondo resurgir FES.
Boado, M. (2004). Una aproximación a la deserción estudiantil universitaria en Uruguay. Instituto Internacional para la Educación Superior en ALAC, UNESCO/IESALC.
Calderón, J. (2005). Estudio sobre la repitencia y la deserción en la educación superior en Guatemala. Guatemala: IESALC/UNICEF.
Escobar, V. (2005). Estudio sobre la deserción y repitencia en educación superior en Panamá. Panamá: IESALC/UNESCO.
Gómez, D., Oviedo, R., & Martínez, E. (2011). Factores que influyen en el rendimiento académico del estudiante universitario. San Luis Potosí, México: Tecnociencia.
González, L. (2005). Estudio sobre la repitencia y la deserción en la educación Chilena. Santiago de Chile: IESALC/UNICEF.
González, L., & Daza, D. (2010). Repitencia en estudiantes de medicina, caracterización y causas. Puerto Colombia: Próxima Zona.
IESALC. (2010). La Universidad Latinoamericana en discusión. Caracas, Venezuela: IESALC/UNESCO.
Passeron, P. B. (1967). Los estudiantes y la cultura. París: Nueva colección Labor, Les Editions Minuit.
Recaman, B. (2001). El plan decenal de educación y el espíritu del decreto 230. Colombia: Centro virtual de noticias.
Rodríguez, A., & González, C. (2005). Primer Congreso internacional sobre calidad en la educación, repitencia, deserción y bajo rendimiento académico. Cuba: Memorias Universidad Nacional.
UNESCO. (2005). Proyecto Regional de Deserción y Repitencia en la Educación Superior en América Latina y el Caribe. IESALC.

martes, 5 de marzo de 2013

¿Qué sabemos de los bosques de Guatemala?


Edwin Rolando García Caal
Los bosques en general pueden ser evaluados a través de cuatro tipos de información. Un primer tipo es de carácter biológico, para lo cual se elaboran estudios específicos de las características de las especies, su clasificación científica, las características de los ecosistemas, la variabilidad genética y la situación de su agotamiento. Estos datos se establecen en estudios específicos y se colectan esencialmente para fines de manejo y protección. Un ejemplo de este tipo de información es posible encontrarlo en el seguimiento que se le da a los bosques de mangle (ver: clasificación de la cobertura de mangle en Guatemala, 2012), en los estudios de la flora que caracteriza al país (ver: Guatemala y subiodiversidad) o en los estudios específicos de la diversidad arbórea del país (ver: Coníferas de Guatemala).

Un segundo tipo de información tiene carácter espacial; referido puntualmente a medir las dimensiones de uso del suelo forestal para compararlo con los otros usos (construcciones, cuerpos de agua, agricultura y pastos), lo que se establece a través de mapas de cobertura (ver: mapa de cobertura forestal de Guatemala 2006).
Un tercer tipo de información tiene que ver con el volumen de madera en pie; los usos de los productos forestales maderables y no maderables, dimensiones y rendimientos a nivel nacional o local y se concentran  de alguna manera en los inventarios forestales (ver: inventario nacional forestal de Guatemala).

Los tres tipos de información mencionados son comunes en muchos países, sin embargo, hay un cuarto tipo de información que es un tanto sorprendente, en el sentido de que aborda la integración de los tres tipos de información antes expuestos adicionando el ámbito económico. El objetivo es integrar un balance físico de los recursos forestales con el balance monetario de los mismos. Pero aún hay más. El cuarto tipo de información integra los balances físicos y monetarios de los inventarios del bosque a través del tiempo, lo que posibilita reflejar tendencias y, econométricamente hablando, posibilita las retropolaciones y extrapolaciones del comportamiento de los stocks hasta finalizar con un ajuste al Producto Interno Bruto, interviniendo al mismo Sistema de Cuentas Nacionales. ¿Es posible hacer eso en un país como Guatemala?
La respuesta es… . El logro es llamado Contabilidad Integrada del Bosque (CIB). El balance físico se hace en tres dimensiones. La primera es por el lado de la tierra forestal.  La segunda por el lado del volumen de madera en pie y la tercera por el lado del valor monetario de la madera en pie. El mecanismo contable parte de un inventario inicial, el mismo es afectado por incrementos y reducciones para llegar a un inventario final, tal como se observa en la siguiente figura.

Cuenta integrada del bosque

 
¿Cómo lo hicieron?
La construcción de la Contabilidad Integrada del Bosque –CIB- en Guatemala, se realizó en el marco del Proyecto Cuente Con Ambiente, una investigación que involucra al Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente de la Universidad Rafael Landívar (IARNA/URL), al Instituto Nacional de Estadística (INE), al Banco de Guatemala (BANGUAT), la Secretaría de Programación y Planificación de la Presidencia (SEGEPLAN), la Secretaría Presidencial de la Mujer (SEPREM), el Instituto de Incidencia Ambiental (IIA), el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y como financista al Reino de los Países Bajos.

La aplicación se abordó desde dos ámbitos de trabajo. El primero de ellos se refiere a la investigación del balance de los activos, específicamente estableciendo el inventario inicial y el inventario final de las existencias del bosque. El segundo se refiere a la investigación de los flujos, en el orden de las extracciones que se hacen de los recursos forestales para su aprovechamiento económico, fuentes y destinos. Con los elementos anteriores se procedió con la evaluación de los agregados económicos y finalmente se utilizó toda la información para la evaluación de los gastos de protección y gestión del recurso, proponiendo el concepto de Producto Interno Bruto Ajustado Ambientalmente (PIBA).
Activos, flujos, balances, agregados económicos, cuentas físicas y cuentas monetarias son los principales conceptos utilizados en la implementación de la CIB. Estos conceptos guardan estrecha relación con las definiciones utilizadas en los Manuales de contabilidad nacional y ambiental, siendo estos SCN93 y SCAEI 2003, dos publicaciones de las Naciones Unidas que orientaron en todo momento la realización de ambas investigaciones y la construcción de la Contabilidad Integrada del Bosque. El esfuerzo se plasmó sobre el objetivo de lograr una mayor comprensión de las interacciones que se dan entre el ecosistema forestal y las actividades económicas, de tal manera que si  los hacedores de políticas comprenden dicha relación, no beneficiarían a un sector en detrimento del otro.

El problema es que existe una tendencia social a subvalorar los recursos naturales (Daly, Cobb, & Cumberland, 2000), inclusive los forestales, situación que no es nueva. En el caso de Guatemala, la política agraria establecida entre 1965-1985 reconocía al bosque natural como tierra ociosa, concepción que provocó la pérdida de una gran extensión de bosque en tanto se promovía la colonización de Petén y se daba un impulso a la agricultura de consumo interno (Ley de Transformación Agraria, Decreto 1551). Aún antes, en  1952 la tierra forestal fue denominada tierra inculta (Decreto 900).

Aunque las políticas públicas hoy por hoy, promuevan lo contrario, la concepción social del bosque como un recurso sin valor se sigue manteniendo dentro de las poblaciones rurales, salvo pequeñas excepciones. Lo que sucede es que las políticas quedan asentadas tanto en la legislación del país como en la práctica de las comunidades. Esas prácticas son definidas en la disciplina científica como enculturación y en términos más comunes como educación. Es por eso que política, legislación y educación preceden a los mecanismos de gestión que se emplean para la administración de cualquier recurso natural, inclusive el forestal. Aquí es donde la economía ambiental, sustenta que la importancia de valorar el bosque estriba en definir sus usos alternativos, por cuanto las políticas no son más que una decisión que se toma a partir de diversas consideraciones, inclusive la moral. Adicionalmente, el enfoque holístico de la Ecología supone la necesidad de valorar el recurso forestal a partir de su propio comportamiento pero sin ignorar el comportamiento de los otros actores que gestionan el uso del suelo para beneficios económicos, sean estos agricultura, minería, ganadería, urbanización, entre otros.

Otra debilidad en el tema de la subvaloración de los bosques tiene que ver específicamente con la no integración de las estadísticas forestales o lo atrasado de los datos. La Agenda Nacional Forestal de Guatemala 2003-2012 (PAFG, 2003), publicada en octubre de 2003, presentó sus argumentos sobre el análisis de la cobertura forestal del país, reportada para el año 1997 (30,754 Km2). La estructura de las eco-regiones del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas –SIGAP-, presentada en dicha agenda se basa en la publicación MAGA-PAFG de 1994, los tipos de bosque según publicación del INAB al año 2000 y la producción forestal según licencias 1998-2002 del CONAP y el INAB. El Análisis Ambiental del País 2006 (BM, 2006), publicado el 22 de junio de 2006 por el Banco Mundial, planteó los problemas forestales claves de Guatemala, basados en al análisis de la información forestal presentada por la publicación MAGA-PAFG de 1994, y la información económica de las cuentas nacionales del año 2003.

La propuesta de la “Deforestación Evitada” (MARN, 2008), documento que el MARN compartió en septiembre de 2008, en el marco del proyecto del Cambio Climático; evalúa las causas de la deforestación sobre la base de la información proporcionada en un documento de (CONAMA, et al, 1999), con datos estadísticos del periodo 1993-1997. En ese mismo documento, el análisis económico de la agricultura se enfoca bajo consideraciones estadísticas de la información presentada por un documento publicado por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA, denominado “Marco cuantitativo de la agricultura guatemalteca periodo 1950-1999”.  Aunque algunos participantes señalaron la existencia de información más reciente, el presentador concluyó que la misma mantiene un carácter restringido y micro dirigido.

Para sopesar los antecedentes mencionados, los pasos seguidos en estas investigaciones fueron cuatro:

1. Seguir el enfoque metodológico del SCAEI, versión 2003 y el Manual de la contabilidad ambiental y económica del bosque de FAO, 2004.

2. Crear el sistema de datos, matrices y clasificaciones, basadas en la investigación del contexto forestal guatemalteco, con el soporte informático del INAB, CONAP, MAGA, SIPECIF y MARN.

3. Establecer la estructura de integración de los datos en el Sistema de Cuentas Nacionales, con la orientación metodológica del manual del SCN93; y

4. Someter a escrutinio de los expertos nacionales los resultados


Los resultados de esta investigación permiten evidenciar la contribución que el bosque tiene en la economía del país, así como el impacto que tiene la economía sobre los recursos del bosque. El comportamiento de los activos, permite una evaluación general del éxito o no de las políticas implementadas sobre el sector. También permite observar el impacto de las políticas que otros sectores tienen sobre los activos del bosque. De la tierra forestal se examina su extensión total, qué tipo de cobertura posee y si se ubica o no en áreas protegidas. Del volumen forestal, se estudia su dinámica a lo largo del tiempo, dando cuenta de los factores que inciden en su aumento y de aquellos que tienen que ver con su reducción.

Pero no todo está hecho, la investigación ha tenido la limitante de la aplicación de métodos que permitan valorar, en términos monetarios, los servicios de protección proporcionados por el bosque (protección de recursos hídricos, protección contra deslaves o protección contra la erosión), datos que de llegar a existir permitirían definir efectivamente la influencia del bosque sobre la vida social del país.

A pesar de esas omisiones, eventualmente técnicas, el valor agregado del bosque ha sido medido y los resultados de la CIB traen a cuenta el costo del agotamiento y la degradación de los bosques, lo que amerita inversiones equivalentes que de hacerse, permitirían la utilización sostenible de los bosques en Guatemala. Por supuesto que para ese nivel de logro, es necesaria una posición política influyente, que tome en serio los niveles de inversión que el Estado de Guatemala asigna a la protección y producción de los recursos forestales. El impacto se daría en números positivos tanto en los productores como en los consumidores y en el ecosistema. Lo que sí es cierto es que con esta información ya no sólo se puede hablar de conservación, recuperación y protección del bosque sino también de su uso adecuado, en términos del desarrollo sostenible.

Resultados:

Anexo 2. Metodología de la investigación

Cuadros: Compendio estadístico del SCAEI


Trabajos citados
BM. (2006). República de Guatemala: Análisis Ambiental del País. Abordando los aspectos ambientales de la expansión comercial y de infraestructura (Vols. Informe No. 36459-GT). Guatemala: Departamento de Sustentabilidad Ambiental y Social, Región de América Latina y el Caribe.

CONAMA, et al. (1999). Las áreas silvestres de Guatemala, ¿Tienen amenazas? Guatemala: Comisión Nacional de Medio Ambiente. mimeo.

Daly, H., Cobb, J., & Cumberland, J. (2000). Economía, Ecología y Ética. Editorial Milenio.

MARN. (2008). La deforestación evitada (versión preliminar). (P. d. Climático, Ed.) Guatemala: TNC.
PAFG. (2003). Agenda Nacional Forestal de Guatemala en el Marco del Programa Forestal Nacional. (P. FAO-GCP/GUA/008/NET, Ed.) Guatemala: Programa Forestal Nacional de Guatemala Agenda 2003-2012.